José Yurramendi, intendente de Cerro Largo, cesó de su cargo y ordenó una investigación administrativa a dos de los funcionarios imputados por contrabando de unos 100 autos robados en Brasil.
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SUSCRIBITEJosé Yurramendi, intendente de Cerro Largo, cesó de su cargo y ordenó una investigación administrativa a dos de los funcionarios imputados por contrabando de unos 100 autos robados en Brasil.
Yurramendi informó en conferencia de prensa que "se tomó la resolución de cesar a los dos funcionarios sobre los que la Justicia ha tomado resolución primaria".
Los dos funcionarios imputados enfrentan cargos penales por los delitos de falsificación de documentos públicos, falsificación ideológica, lavado de activos y encubrimiento, según se desprende de la investigación liderada por la fiscalía de 2º turno de Cerro Largo.
Los implicados formaban parte de una banda que robaba vehículos de alta gama en Brasil y los hacía pasar por autos rematados en Montevideo. Los remates no existían y toda la documentación presentada era falsa.
La Intendencia de Montevideo indicó que el primer auto irregular detectado en el marco de la investigación por la venta de vehículos robados en Brasil fue detectado en la capital del país.
Según fuentes de la comuna capitalina consultadas por Telenoche, todo ocurrió en noviembre de 2021.
El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) consultó a la Intendencia de Montevideo sobre un vehículo empadronado en Cerro Largo que presentaba diferencias entre la cilindrada y el chasis indicado.
Fue allí que se constataron irregularidades que fueron denunciadas ante la dependencia policial del Departamento de Investigaciones y Análisis de Tráfico Automotor de Interpol.
Desde la Intendencia de Montevideo explicaron que la maniobra consistía en empadronar autos ante la Intendencia de Cerro Largo con remitos y facturas falsas de remates vehiculares de la comuna capitalina.
La documentación enviada desde la Intendencia de Cerro Largo al Sucive indicaba que el vehículo había sido adquirido en estos remates e incluía facturas y certificaciones notariales falsas.
La Asociación de Rematadores fue la que aportó información clave para sacar a la luz estas irregularidades con los autos. La comuna capitalina consultó a la asociación y se detectó que la factura del vehículo correspondía a otra persona y otro bien.
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