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SUSCRIBITEGraciela Lourdes Figueredo participó en un acto público de carácter político en el Parlamento Europeo, algo que no le permite la Constitución.
Yamandú Orsi cesó a asesora de Mario Stevenazzi que defendió a violadores de los derechos humanos
El presidente Yamandú Orsi firmó el cese de la suboficial mayor en situación de retiro Graciela Lourdes Figueredo Vázquez. La militar, en su calidad de reservista incorporada en el Comando Mayor del Ejército como asesora de Mario Stevenazzi, habría violado lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución, que indica que los militares en actividad deben de abstenerse de ejecutar cualquier acto de naturaleza política, sea este público o privado.
Figueredo participó de un acto público de carácter político durante el debate internacional realizado en el Parlamento Europeo el pasado 13 de mayo, bajo el título “El Caso de Uruguay en el Parlamento Europeo: Seguridad Jurídica y Voluntad Popular”. Además de Figueredo, expusieron en ese marco el periodista Álvaro Alfonso y el abogado Emilio Mikolic, y los eurodiputados Markus Buchheit (Alternativa para Alemania) y Hermann Tertsch (Vox de España).
Figueredo, que también formó parte del equipo de abogados del Centro Militar, dijo en esa instancia que la Justicia uruguaya procesó “sin pruebas” a los militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Por ese motivo, el Ejecutivo dispuso el cese de presentar servicios en carácter de reservista incorporada en el Comando General del Ejército.
Figueredo ya había sido cuestionada por organismos de Derechos Humanos al momento de su designación por parte de la ministra de Defensa Sandra Lazo.
La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos repudió, días atrás, el nombramiento de Figueredo, quien, como abogada, defendió a numerosos militares acusados y condenados por delitos de lesa humanidad.
Además, señaló que esta sostuvo “públicamente en foros de ultraderecha que en las causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad existiría una ausencia de pruebas, por lo que los testimonios y narrativas de denunciantes no pueden considerarse veraces”.
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