19 de junio de 2026 - 21:44 La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios respondió a las críticas surgidas tras la resolución que prevé aplicar un timbre profesional sobre distintos registros médicos a partir del 1° de agosto y sostuvo que tiene "el deber y la facultad" de fiscalizar y recaudar los gravámenes establecidos por ley.
El anuncio generó cuestionamientos desde la Junta Nacional de Salud (Junasa), que entiende que el costo tendrá impacto en el sistema sanitario y repercutirá tanto en los usuarios como en los prestadores de salud.
Ante esos planteos, el directorio de la Caja emitió un comunicado en el que señaló que la resolución "dispone la aplicación de una norma vigente" y afirmó que el gravamen "siempre existió, nunca fue derogado ni declarado inconstitucional".
Además, sostuvo que el sujeto obligado al pago "ha sido históricamente el usuario del servicio profesional" y aseguró que la Junasa y el Ministerio de Salud Pública no tienen competencias para suspender o dejar sin efecto un tributo establecido por ley.
"La Caja y sus inspectores tienen la facultad de fiscalizar los paratributos que le son asignados y no requiere conformidad previa del Ministerio de Salud Pública ni de la Junasa, organismos que no tienen competencia legal para suspender la aplicación de un gravamen creado por ley", indicó la institución.
En el comunicado, la Caja también advirtió que, en caso de pretenderse una exoneración para las prestaciones de salud, "la única vía posible es una reforma legal aprobada en el Parlamento".