Subsidios, bonos y beneficios: ¿Qué le proponen los colorados al gobierno?

Según los colorados este gobierno de coalición heredó "un fuerte déficit fiscal que hasta ahora ha podido administrarse pese al aumento de gastos en programas sociales como seguros de desempleo, asignaciones familiares y alimentación".

Pese a lo alto del déficit sostienen que "ese gasto puede aún crecer si se hace con objetivos precisos y de la mayor necesidad".

Para ello es "fundamental convocar al capital privado a través de las diversas posibilidades de concesión, para financiar obras fundamentales de infraestructura". 

El expresidente Julio María Sanguinetti dijo que el partido trabaja sobre cinco ejes fundamentales y mencionó el turismo, la política de frontera, el sector productivo, el desempleo y los programas de alimentación escolar los fines de semana.

Sobre el turismo Sanguinetti dijo que "lo tenemos que salvar para que la próxima primavera pueda llegar a la temporada con otra perspectiva".

El Partido Colorado propone "extender los subsidios de desempleo de modo que hasta octubre no cese ninguno obligatoriamente, ampliar el subsidio por desempleo flexible para trabajadores a medio horario, generar un programa de trabajo solidario para asistir a trabajadores informales, durante un lapso de seis meses, que cumplan tareas sencillas de apoyo a los servicios públicos, reconocer el seguro por desempleo a aquellos trabajadores que estuvieran en actividad durante el mes de febrero de 2020 sin haber alcanzado el número de horas suficientes, profundizar los actuales programas de alimentación en todo el país, para personas vulnerables, compartiendo la actividad con los gobiernos departamentales y extender la alimentación en las escuelas a sábados y domingos".

En cuanto a las empresas privadas el foco está puesto en las Pymes con la intención de "flexibilizar las condiciones de calificación de empresas del Banco Central en general", ampliar el sistema de Garantías (SIGA) y suspender el pago de IRAE mínimo e impuesto al Patrimonio hasta noviembre de este año "en toda empresa cuya venta haya sido menor a 4 millones de UI en 2020". 

"Pagarían su IRAE por el real lo que surja del ficto de sus ventas por este período hasta que por ley se condone el pago de la diferencia", sostiene el documento. 

Además se propone "subsidiar el salario de todo nuevo trabajador que una empresa incorpore, sea desde el seguro de desempleo total o parcial o sea que no estuviera en el seguro, con 10 mil pesos" y "alcanzar también a empresas que hoy tributan en BPS, como estímulo a la formalidad" al menos hasta octubre. 

También se intentará "continuar con las medidas de reducciones de cobro de cargo fijo al agua de OSE, y cargo fijo y potencia contratada de UTE, a los sectores mas afectados (hoteles, salas de espectáculos, agencias de viajes, empresas de transporte y excursiones y otras vinculadas a esas actividades)".

El sector productivo sería atendido mediante la "creación del Bono Infraestructura y Vivienda con garantía del Tesoro, que se ofrecería al mercado de valores". 

"El fondo constituiría un Fideicomiso, que administraría la Corporación Nacional de Desarrollo, actuando también como respaldo del proyecto y garantía para el adquirente del título. Se trataría de generar una sinergia entre los diversos proyectos que, una vez aprobados por OPP, pasarían a la ejecución de la Corporación para evitar errores de diseño o asignaciones inconvenientes de fondo. El monto de la emisión podría ubicarse entre un 1 y un 2% del PBI", sostiene el texto.

En el documento los colorados también proponen "facilitar la financiación por las AFAP, sea por el Bono Infraestructura o por otras modalidades, revisar las normas sobre inversiones a fin de acelerar sus posibilidades, generalizando las medidas de estímulo, encarar la búsqueda de acuerdos comerciales con países fuera de la región, negociando, como ya se ha hecho, dentro del Mercosur, procurar las mayores facilidades para el desarrollo exportador del Sector Servicios, potenciar los escasos recursos del Estado mediante obras fundamentales de infraestructura, conceder a empresas privadas obras de vialidad con capacidad de retorno y lograr que la reforma de la Seguridad Social se pueda cumplir en los menores plazos posibles".

Por último se propone "una ley que blanquee los problemas registrales de los inmuebles del Estado en desuso para proceder a su venta".