10 de marzo de 2026 - 18:09 La Secretaría Nacional de Drogas (SND) presentó este martes su informe “Regulación del mercado de cannabis en Uruguay”, una segunda evaluación de la ley 19.172 que reglamentó la producción, distribución y venta de esa sustancia en el mercado local, a 11 años de su puesta en marcha.
Según este trabajo, en el período, Uruguay consolidó un mercado regulado efectivo, con una expansión sostenida de sus vías legales de acceso al cannabis psicoactivo de uso no médico, y destaca que el 46% de los consumidores actuales de la droga están registrados y acceden legalmente a la sustancia.
Estas características redundan en una “drástica caída del narcotráfico clásico (cannabis prensado), que pasó de ser la principal vía de acceso en el 2014 a representar apenas el 6,7 % en el 2024”.
El informe señala que esto se debe a la disponibilidad de canales legales, así como a la estabilidad relativa del precio regulado y el aumento de la percepción de seguridad y calidad entre quienes acceden por vías formales.
No obstante, advierte sobre la existencia de un “mercado gris”, que está integrado por cannabis proveniente, en su mayoría, de cultivadores domésticos no registrados, así como por intercambios informales. Este segmento representa alrededor del 30% del consumo.
El trabajo agrega que, en materia de salud pública, no hay impactos negativos significativos atribuibles a la regulación, y los indicadores de consumo problemático permanecen estables.
También se hace referencia a la intervención policial y judicial por conductas menores vinculadas al cannabis y, en ese sentido, se hace énfasis en que la claridad normativa mejoró la aplicación de la ley, aunque persisten problemas derivados de la falta de capacitación y de la heterogeneidad en los criterios de actuación entre territorios.
Además, apunta que la reducción del narcotráfico clásico no representa la desaparición del problema, sino una transformación del mercado ilegal hacia modalidades menos violentas y menos visibles.
En cuanto al desempeño del mercado, hasta 2024, los resultados indican que hay un sistema legal funcionando, aunque enfrenta restricciones estructurales. En ese sentido, menciona problemas de abastecimiento en farmacias, rigideces normativas que afectan la capacidad de respuesta del sistema, brechas territoriales en la disponibilidad del producto y complejidades persistentes en la coordinación institucional.
El informe concluye que el país avanzó en los objetivos centrales que se propone la ley —la reducción de daños, la ampliación del acceso seguro, la disminución de la criminalización y quitarle espacio al narcotráfico— pero necesita ajustes focalizados para fortalecer la eficacia del mercado regulado y reducir la persistencia del mercado gris.