La empresa exigió al gobierno uruguayo que retire la estructura de las patrulleras oceánicas que construyó el astillero español.
El contrato firmado entre el gobierno uruguayo y Cardama establecía que, si en algún momento de la construcción de las patrulleras oceánicas, el acuerdo quedaba sin efecto, la estructura que hubiera sido construida sería propiedad del Estado uruguayo y debería retirarla del astillero.
Una vez que el gobierno resolvió la rescisión del contrato, Cardama exigió que Uruguay se haga cargo de la estructura, así como del costo de retirarla del astillero.
“Estamos en contacto para ver qué es lo construido. Necesitamos auditar qué es lo que hay, si se condice con las garantías o lo que se invirtió lo podemos recuperar, y en eso estamos”, dijo la ministra de Defensa, Sandra Lazo.
En otro orden, Lazo negó que el gobierno esté ocultando información al Parlamento, y aseguró que “lo que se solicitó, se envió”. “Lo que no se había enviado todavía era la investigación administrativa no había culminado”, explicó.
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