El derecho al sufragio está regulado por la Constitución y leyes que establecen los requisitos y procedimientos para la participación electoral.
Las elecciones son el instrumento democrático fundamental para elegir a los representantes parlamentarios, al titular del Poder Ejecutivo y manifestar posturas frente a consultas populares. Organizadas por la Corte Electoral y en base a la Constitución, estos son los criterios que habilitan a los ciudadanos a votar.
En principio, para poder sufragar es necesario tener al menos 18 años cumplidos a la fecha de la elección. Todos los electores deben participar en los comicios, incluidos los adultos mayores, quienes no están exentos de esta responsabilidad.
Asimismo cada ciudadano debe tramitar su inscripción en el Registro Cívico Nacional de forma obligatoria. En este sentido, solo aquellos que están debidamente inscriptos pueden participar en los comicios. Esta inscripción debe ser realizada antes de la fecha límite establecida por la Corte Electoral, que en esta ocasión fue el 15 de abril.
El marco legal uruguayo establece que aquellos que no se presenten a sufragar estarán sujetos a multas, de la misma forma que el resto de los ciudadanos. Las personas que, por alguna razón, no puedan votar, deberán presentar un justificativo válido que explique su incumplimiento.
En el caso de los adultos mayores, si no se presentan en las urnas solo podrán evitar la sanción mediante un certificado médico que acredite su imposibilidad física o mental para hacerlo. A diferencia de otros países donde la edad avanzada puede justificar la exoneración del voto, en Uruguay no existe una edad máxima que permita evitar esta obligación cívica.
Este año, según datos de la Corte Electoral, son 2.727.120 los habilitados para votar.
No solo los ciudadanos uruguayos obtienen el derecho a votar, porque la Constitución permite también que ciertos extranjeros también puedan participar en las elecciones bajo condiciones específicas:
Los hombres y mujeres extranjeros que tengan una residencia habitual de al menos 15 años en Uruguay, que posean propiedades o capital en el país, o que ejerzan alguna profesión, pueden votar si cumplen con ciertos requisitos de conducta y familia. Esto significa que no es necesario obtener ciudadanía legal previa para ejercer el voto.
Además, los votantes deben ser considerados de buena conducta. Esto implica que no deben tener antecedentes penales que les inhabiliten para participar en procesos electorales.
Según establece el artículo 80 de la Constitución, la ciudadanía se suspende por ineptitud física o mental que impida obrar libre y reflexivamente. También por la condición de "legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría".
Asimismo, se inhabilita a aquellos a quienes se les imponga pena de "destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena". Se suma a lo anterior el hecho de ser señalados ante el ejercicio habitual de “actividades moralmente deshonrosas”.
Por formar parte de organizaciones sociales o políticas que, "por medio de la violencia, o de propaganda que incita a la violencia, tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad" y también por la ”falta superviniente de buena conducta".
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