¿Qué dice el artículo 331 de la Constitución y por qué García lo considera clave para los allanamientos nocturnos?

¿Qué establece el artículo 331 literal D?

El literal D establece uno de los mecanismos previstos por la Constitución para su reforma. Para utilizarlo, una ley constitucional debe ser aprobada por los dos tercios del total de los integrantes de cada una de las cámaras dentro de una misma legislatura.

A diferencia de una ley común, esa norma no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo. Luego debe ser sometida a la decisión del electorado, convocado especialmente en la fecha que determine la propia ley. Para que la reforma sea aprobada, debe obtener la mayoría absoluta de los votos emitidos.

Si el objetivo fuera utilizar este mecanismo para habilitar los allanamientos nocturnos, primero debería alcanzarse ese acuerdo parlamentario de dos tercios y luego la ciudadanía tendría la última palabra.

El camino que propone García

El senador explicó que eligió deliberadamente esta vía porque considera que obliga a alcanzar un acuerdo político amplio y evita que la discusión quede atada a una campaña electoral. “Hay un límite que lo que se requiere es alejar esto de las instancias electorales”, sostuvo.

Según García, la propia ley constitucional podría establecer la fecha del plebiscito, por lo que el mecanismo permitiría discutir la reforma en una instancia separada de las elecciones nacionales.

El legislador también sostuvo que la ciudadanía podría mantener la posición que ya expresó anteriormente sobre los allanamientos nocturnos o modificarla ante las nuevas circunstancias de seguridad.

“Las circunstancias cambiaron, cambió mi opinión, será la gente la que decida”, afirmó García quien también señaló que pidió al senador Carlos Camy que realizara los contactos políticos necesarios para intentar alcanzar un acuerdo con el oficialismo.

Qué busca modificar

El planteo apunta a eliminar la prohibición constitucional de realizar allanamientos nocturnos y establecer, según García, las garantías legales, judiciales y fiscales necesarias para su aplicación.

El senador defendió la medida como una herramienta para la Policía, la Fiscalía y la Justicia frente a las organizaciones criminales y sostuvo que Uruguay no debería mantener una restricción que, a su entender, deja sin posibilidad de actuar durante determinadas horas.

Durante la entrevista, también reclamó una discusión sobre las penas y sostuvo que la respuesta al delito debe combinar sanciones efectivas con actuación judicial, fiscal y policial. “Hay que acordar, no solo la modificación, hay que acordar la reglamentación para que nadie tenga dudas de las garantías del juez”, afirmó.

García reconoció que el camino que propone es políticamente exigente porque requiere indefectiblemente la participación del oficialismo para alcanzar los dos tercios de ambas cámaras.

Por eso, sostuvo que ahora existe una oportunidad para que el Gobierno y la oposición busquen un acuerdo sobre una modificación que, en última instancia, deberá ser respaldada o rechazada por la ciudadanía.