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SUSCRIBITELa jueza María Noel Olaizola formalizó a la mujer señalada por la Fiscalía y el Ministerio del Interior como la líder de Los Chingas, la banda de narcotráficantes que desalojó a más de 100 vecinos de Casavalle en 2017, por usurpación de una finca y por hurto de energía y agua.
Mónica Sosa, como se llama la supuesta líder, deberá cumplir 60 días de prisión preventiva por ocupar una vivienda que no era suya. La mujer tenía un lavadero dentro de su casa y por ello se entiende que realizaba un uso indebido del agua y la electricidad.
"Ella argumentaba que tenía un lavadero y ahí nunca se pudieron encontrar clientes o personas que fueran a buscar ropa. Robaba la luz y robaba el agua y por eso fueron inspectores de UTE y de OSE, y formalizaron una denuncia por robo de energía", aseguró el asesor de convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal.
Durante la audiencia, que duró alrededor de dos horas, la mujer negó su responsabilidad en los delitos. "Yo no tuve nada que ver, nunca me quedé con nada de nadie", dijo la mujer envuelta en llantos.
Mónica había sido condenada en marzo de este año por el fiscal Enrique Rodríguez por verse involucrada en los desalojos y extorsiones a familias. Desde entonces, cumplía un régimen de libertad vigilada por 15 meses, pero fue condenada con prisión preventiva por contar con antecedentes penales.
Además, durante la audiencia declararon otras seis personas que también ocupaban viviendas de forma ilegal. A cuatro de los indagados se les suspendió el proceso, pero deberán fijar un nuevo domicilio. La jueza acordó con los mismos que deberán entregar la llave de su vivienda a la Intendencia este jueves antes de las 7:00 de la mañana. Los dos restantes, resolvieron mediante un proceso abreviado, que deberán abandonar sus actuales hogares y cumplir la pena de libertad vigilad. Leal aseguró que estas personas "mintieron" porque dijeron que vivían hacía años dentro de las viviendas, cuando no era cierto.
"Estas personas se sacaban fotos con la ropa de los desalojados, con sus electrodomésticos y después las subían a Facebook", expresó Leal y continuó: "Vamos a desmontar pieza por pieza, la estructura de esta organización que se dedicó a extorsionar a personas de bien".
En la zona de Los Palomares, donde viven los indagados, el gobierno realizó un censo y comenzó a implementar un programa para derrumbar y realojar Los Palomares. Leal reiteró que aquellas personas que extorsionaron a las familias, no se verán beneficiadas por los programas de realojo.
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