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SUSCRIBITEMás de cien propietarios de taxis presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia en contra del decreto de la Junta Departamental de Montevideo que habilita las plataformas de transporte, como Uber, Easy Taxi y Cabify.
El recurso argumenta que las disposiciones de este decreto violan los principios de igualdad y seguridad jurídica establecidos en la Constitución.
Uno de los reclamos de este argumento es que estas plataformas no pagan matrícula, mientras que los taxistas deben pagar cifras superiores a los US$100.000 por los permisos en la Intendencia de Montevideo.
Por otro lado, el decreto de la Junta de Montevideo también habilita el ingreso de nuevos conductores sin tener en cuenta si la demanda aumentó. Los taxis, por su parte, deben realizar estudios de demanda y presentarse a una licitación frente a la Intendencia de Montevideo para contratar nuevos trabajadores.
Juan Andrés Ramírez, exdecano de la Facultad de Derecho y creador del recurso pidió audiencia a la corte para informar a los ministros sobre este recurso. La audiencia aún no ha sido fijada, pero si la Suprema Corte resuelve que el decreto es inconstitucional la norma dejará de aplicarse y solo quedarán los taxis en Montevideo.
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