10 de junio de 2021 - 00:00 La muerte de Marcelo Ayala hizo que el Comisionado Parlamentario Juan Miguel Petit presentara ante la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario del Parlamento un informe que sentencia que “la administración de justicia y la administración penitenciaria, tiene fallas estructurales y sistémicas que determinan que sean derivados a la cárcel casos que deberían ser atendidos en servicios médicos especializados o en sistema de medidas sustitutivas eficientes y continentes, debido a sus trastornos de salud mental que pueden afectar su imputabilidad”.
Ayala, un joven privado de libertad con un severo retraso mental y trastornos psiquiátricos, fue condenado el 8 de marzo en Maldonado por un delito de desacato y otro de agravio a la autoridad, tras quitarse la tobillera electrónica que la Justicia le había colocado por un altercado familiar.
El joven fue ingresado a la cárcel de Maldonado, luego derivado al Centro de Ingreso Derivación y Diagnóstico del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), luego al Módulo 5 de COMCAR y finalmente al ala psiquiátrica del Módulo 12 de ese establecimiento, que es gestionado por ASSE.
En todas las instancias Ayala era evaluado como un recluso con un "total desajuste de conducta para esos centros" ya que, entre otras cosas, "hablaba como un niño, decía incoherencias, tenía conductas bizarras e incomprensibles".
La muerte del joven, que está bajo investigación fiscal, motivó a que el Comisionado Parlamentario presentara un Informe Especial con varias recomendaciones dirigidas al Ministerio del Interior, al Instituto Técnico Forense del Poder Judicial y a la Administración de Servicios de Salud del Estado.
El informe del Comisionado concluye que “por su tipo de afectación de salud mental Marcelo Ayala no debió ir a una cárcel, por mejor voluntad y dedicación que pusieran los funcionarios actuantes, ya que nunca iba a tener la atención que necesitaba”.
El comisionado recomendó al Poder Judicial y al Instituto Técnico Forense que las pericias sobre imputabilidad “cuenten con un protocolo básico para la actuación del perito”.
Petit llamó a ASSE a reforzar los programas de atención de salud mental dentro de las cárceles y aseguró que en Uruguay existen normas jurídicas claras de “justicia terapeútica”, que permiten que personas afectadas en su salud mental puedan ser internadas en centros especializados para su adecuada atención.
El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo que se trabaja para que el Hospital Vilardebó en un centro que reciba únicamente a pacientes judicializados.
Vea el informe completo en el video.
