La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado uruguayo a dar explicaciones por el caso del ex sindicalista Marcelo Balcedo y su esposa Paola Fiege en un plazo de cuatro meses.
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SUSCRIBITEEl ex sindicalista argentino y su esposa, Paola Fiege, evalúan además demandar al Estado uruguayo por más de US$ 200 millones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado uruguayo a dar explicaciones por el caso del ex sindicalista Marcelo Balcedo y su esposa Paola Fiege en un plazo de cuatro meses.
La petición a la que accedió Telenoche coloca bajo análisis internacional la actuación de Uruguay en el proceso de cooperación penal con Argentina. La comisión indicó que existen elementos suficientes para requerir explicaciones formales por presuntas vulneraciones a derechos humanos, como la libertad personal y el derecho de defensa.
El caso se originó en la madrugada del 4 de enero de 2018 cuando un operativo policial de gran magnitud irrumpió en la residencia de la familia en Piriápolis. Balcedo y Fiege fueron detenidos en el marco de una investigación judicial por presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita vinculados a la administración del sindicato Soeme en Argentina.
La defensa sostiene que durante el procedimiento inicial en Uruguay se realizaron incautaciones sin una orden judicial específica que habilitara el alcance de las medidas adoptadas.
En paralelo, la denuncia ante el sistema interamericano afirma que desde las primeras horas se instaló públicamente una narrativa que vinculaba el caso con presuntos nexos con el narcotráfico.
Ante la comisión, Balcedo afirma que fue víctima de una persecución política y judicial y que se utilizó el aparato del Estado para aniquilarlo como adversario. Fiege por su parte sostiene que atravesaron una prisión preventiva "eterna" y que el proceso provocó un daño irreparable en sus hijos.
La pareja además analiza promover una demanda contra el Estado uruguayo por un monto superior a los 200 millones de dólares por daños materiales y reputacionales.
El procedimiento contempla la posibilidad de una solución amistosa y de no prosperar, el caso podría avanzar en una etapa de fondo. Uruguay tiene ahora cuatro meses para responder ante la Comisión Interamericana.
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