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Personal del Departamento de Investigación de Delitos Especiales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL determinaron, tras varios meses de tareas de inteligencia, el modus operandi de una organización criminal internacional que operaba desde el exterior y se dedicaba al tráfico de migrantes cubanos.
Las operaciones comenzaban en La Habana, donde cubanos integrantes de la organización captaban a sus compatriotas y los persuadían con la posibilidad de viajar a Uruguay tanto para residir en el país como para ser "puente" y viajar a Estados Unidos como destino final.
El viaje partía desde Cuba hacia Guyana, donde los cubanos no necesitan visa para ingresar. Tras el pago del dinero previamente acordado eran trasladados a una casa de seguridad hasta la llegada de más viajeros, donde se los dividía según su destino y el dinero que poseía cada uno y eran trasladados a la ciudad de Boa Vista, en Brasil, donde se alojaban en una casa dispuesta por la organización mientras esperaban a que sea seguro retomar el viaje. De allí se trasladaban a las ciudades brasileras de Chui o Santana do Livramento para, posteriormente, ingresar a Uruguay.
Una vez en Uruguay algunos se establecían como refugiados mientras que otros tomaban contacto con diferentes redes criminales que les cobraban entre 6.000 y 7.000 dólares para llegar a otro destino. Este dinero era pagado usualmente por los propios familiares de los cubanos desde Estados Unidos.
A raíz de esta investigación se realizó un allanamiento en una casa de la ciudad de Montevideo, donde se encontró evidencia de envíos de dinero a Ecuador, Honduras, México y Perú.
Desde Uruguay también se enviaban los pasaportes cubanos originales por correo privado a México o Perú para la confección del documento apócrifo solicitado. Una vez realizado, los documentos originales con el agregado apócrifo eran devueltos al interesado que estaba en nuestro país.
El transcurso de la investigación dio con 34 personas involucradas de nacionalidad cubana y solicitantes de refugio (21 hombres y 13 mujeres, de entre 35 y 45 años); 12 de las cuales fueron condenadas por el delito de uso de certificado público falso a la pena de 6 meses de prisión a cumplirse bajo el régimen de libertad a prueba. A su vez, se intervinieron 18 visas (nueve italianas, cinco mexicanas, tres austríacas y una española) y 34 pasaportes (30 cubanos, dos peruanos y dos mexicanos).
Cabe destacar que en esta operación se contó con la colaboración de personal de la Base Operativa Internacional Nº 1 de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) y de la Dirección Nacional de Migración, así como también de diversos países
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