22 de junio de 2026 - 14:02 El Gobierno nacional manifestó un rechazo tajante a la resolución de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) de implementar un nuevo timbre profesional de 170 pesos por cada consulta médica. Desde la Caja aseguraron que se trata de una medida recaudatoria por falta de acuerdos con el Gobierno sobre financiación.
Leonardo Di Doménico, director nacional de Seguridad Social, garantizó que la medida "no va a entrar en práctica" y que el Ejecutivo tiene la firme determinación de revertir sus efectos por considerarla "formalmente irregular y profundamente inconveniente". Desde el Ministerio de Trabajo se calificó la iniciativa como un "mazazo contributivo" que la ciudadanía no puede tolerar, especialmente aquellos pacientes con problemas de salud o ingresos disminuidos.
Buscarán que no entre en vigor
Según Di Doménico, el sistema de salud no debe enfrentar una imposición que obligue a pagar por cada registro en la historia clínica, definiendo la situación como "absolutamente insostenible". La resolución de la Caja, que buscaba generar recursos propios para paliar su crisis financiera, preveía comenzar el cobro el próximo 1 de agosto. Sin embargo, el Gobierno ya trabaja en los mecanismos legales para que esta resolución "no entre en vigor". "Es firme la determinación de no permitir la aplicación de esta contribución incremental a lo que ya la población está poniendo en la caja", enfatizó el jerarca.
El conflicto también escaló al plano institucional tras la negativa del Ministerio de Trabajo de asistir a una reunión convocada por el directorio de la institución. Di Doménico señaló que los directivos de la Caja no tienen la potestad de citar al Poder Ejecutivo y que, en cualquier caso, el orden de convocatoria debe ser el inverso.
Mientras la Caja de Profesionales defiende la legalidad del timbre como una medida necesaria ante la falta de acuerdos previos, el Ejecutivo ratificó que no habrá imposiciones en la línea establecida por el organismo y que se priorizará evitar el impacto económico sobre los usuarios del sistema de salud.