Mujica firmó carta de condena contra el régimen de Ortega

Además de la firma de Mujica aparecen también los nombres de Lucía Topolansky, Graciela Villar, Daniel Martínez, Claudio Invernizzi, Constanza Moreira, Ernesto Kreimerman, Jorge Zabalza, Christian Di Candia, Milton Romani, Álvaro García, Antonio Carámbula, Fernando Butazzoni, Gerardo Caetano y Juan Raúl Ferreira entre otros.

La carta completa publicada en Semanario Brecha dice lo siguiente:

Es difícil saber si Daniel Ortega se enfermó por el poder, está enfermo por mantener el poder o ambas cosas, pero esto –ahora y a efectos prácticos– no importa. 

Lo cierto es que un hombre que en su historia registra hechos loables (como su participación en la lucha antisomocista o cuando, aceptando su derrota electoral de 1990, entregó, como corresponde, la presidencia a su sucesora, Violeta Barrios de Chamorro, de la alianza opositora) se ha transformado en un presidente autócrata y autoritario, aliado, hasta hace poco, a las grandes fortunas (Consejo Superior de la Empresa Privada mediante), capaz de reprimir sin piedad a su pueblo, junto con el cual no supo, no quiso o no pudo construir calidad de vida ni una institucionalidad democrática, transparente, que le permitiera realizar, en libertad, pacíficamente, su destino.

Vistos desde nuestras latitudes, los sucesos actuales pueden parecer una inesperada caída al abismo. Sin embargo, no lo son. Ortega y el sector del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lo sigue fueron transitando un largo proceso de deterioro, que registra episodios de corrupción, abandono de principios, enriquecimiento ilícito, maniobras y acomodos junto con la peor derecha, destinados a amasar fortunas y a perpetuarse en el poder.

Todo esto fue pasando, para la mayoría de nosotros, que lo observamos desde la lejanía poco informada, bastante inadvertido. No obstante, había hechos contundentes que sí se conocían; entre otros:

su enorme enriquecimiento a partir de 1990 y, más aún, desde su vuelta al poder en 2007, en una fórmula cuyo candidato a la vicepresidencia era un banquero vinculado a la contra;

los pactos electorales que hizo con el empresario y dirigente derechista Arnoldo Alemán (presidente de Nicaragua entre 1997 y 2002, famoso por la «derivación» de millones de dólares del Estado a cuentas personales y familiares), destinados a bajar el porcentaje de votos necesarios para conquistar la presidencia y obtener la reelección presidencial, que ahora transformó en indefinida;

su persecución, ya nuevamente como gobernante, de los veteranos sandinistas y las organizaciones que crearon después de irse de «su» partido, que llevó a Dora María Téllez a hacer, en 2008, una huelga de hambre en el centro de Managua, que logró una gran repercusión y solidaridad popular, a la cual apoyaron con una carta, entre muchos intelectuales, Noam Chomsky, Juan Gelman, Eduardo Galeano y Mario Benedetti;

su cruel hostigamiento al poeta y sacerdote Ernesto Cardenal (el mismo que, por ser ministro de la revolución sandinista, debió soportar las iras y las sanciones papales), imponiéndole desde el Estado, en 2017, una multa de 800 mil dólares (¡!) por el uso indebido de predios e infraestructura (una escuela de formación de líderes campesinos construida por la revolución del 79, posteriormente transformada en hotel) en los terrenos de lo que fue aquella comunidad de Solentiname, que pertenecen –como sostiene Cardenal– a la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, pero que la viuda de su administrador reclama como propiedad privada.

Fue en uno de esos islotes olvidados del mundo del Gran Lago de Nicaragua donde Cardenal compró unas manzanas de tierra, en las que fundó y asentó, a mediados de los sesenta, una comunidad cristiana para artistas y artesanos en convivencia integradora, alfabetizadora y culturizadora con agricultores, pescadores y demás lugareños. Icónica en el mundo, cosechó el odio de la dictadura de Anastasio Somoza, fue referencia en la teología de la liberación y origen de sandinistas que se brindaron por entero a la revolución. Fue por esto que la dictadura de Somoza la destruyó en 1977. Cardenal también recibió la solidaridad de poetas, escritores y asociaciones civiles y políticas del mundo entero.

También sabíamos que Ortega fue, sucesivamente:

integrante y coordinador-presidente de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional entre 1979 y 1985;

presidente de Nicaragua entre 1985 y 1990;

candidato a la presidencia por el FSLN –además de que ejerció ininterrumpidamente la jefatura de este– de 1990 en más;

presidente de Nicaragua entre 2007 y 2012;

presidente de Nicaragua entre 2012 y 2017;

presidente de Nicaragua –esta vez la vicepresidencia la ejerció su esposa, Rosario Murillo, quien es tan responsable como él de lo que está pasando– entre 2017 y 2022.

Pero no fue hasta 2018 –cuando se reprimieron a mansalva las protestas pacíficas (sobre todo las estudiantiles) que conmovían al país, en las que centenas de nicaragüenses murieron, otros fueron apresados y torturados, y miles debieron emprender el exilio– que Nicaragua volvió a ser cotidiana en nuestras vidas.

En esa ocasión, una parte de quienes militamos por la democracia, los derechos humanos, el progresismo y/o la izquierda nos solidarizamos con las víctimas y exigimos al gobierno nicaragüense que cesara la represión; otra prefirió dar por buena la «explicación» orteguista que atribuía todo a una desestabilización golpista orquestada por Estados Unidos y se plantó en un cómodo «antimperialismo»; otro sector directamente no le prestó atención y actuó como si no pasara nada.

Desde esa fecha, han continuado la obstaculización y el hostigamiento contra los organismos de derechos humanos, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, presidido por una inclaudicable luchadora, la doctora Vilma Núñez; el desconocimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se ha actuado contra la prensa no oficialista y contra los opositores.

A principio de este mes fueron detenidos cuatro precandidatos presidenciales (Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan S. Chamorro) y el fin de semana del 12 y el 13 de junio varios militantes con responsabilidades en la Unión Democrática Renovadora, antes llamado Movimiento de Renovación Sandinista, entre ellos, Ana Margarita Vijil, los comandantes revolucionarios Dora María Téllez y Hugo Torres, además de Víctor Hugo Tinoco, quien, en el período 1979-1990, fue negociador en el proceso de paz, embajador ante la Organización de las Naciones Unidas y vicecanciller. Todo en tiempos próximos a las elecciones fijadas para noviembre, en las que muy probablemente Ortega volverá a postularse a la presidencia.

Los derechos humanos no son una concesión graciosa de los Estados y sus gobiernos: son conquistas de los pueblos. Los Estados que los reconocen y plasman en distintos instrumentos jurídicos tienen el deber de promoverlos y respetarlos.

Para conquistarlos fue necesaria una infinidad de luchas de distinto tipo, en distintos lugares y épocas, con distintas inspiraciones filosóficas, políticas y religiosas. Así se fueron sucediendo y entrelazando las luchas contra la esclavitud, por los derechos laborales, por la independencia, por los derechos de las mujeres, contra el racismo, por la libertad, por el cuidado del ambiente, etcétera, hasta conformar una malla –sin solución de continuidad– que sustenta, en esta desquiciada y trágica contemporaneidad, los sempiternos anhelos y las luchas populares emancipadoras. No son exclusividad de nadie: son patrimonio de la humanidad y, como tales, nos asisten y obligan a todos sin diferencias de ningún tipo, aquí, en Colombia, en Palestina, en Myanmar, en el Mediterráneo o donde sea. Son el corazón de la esperanza de un mundo mejor.

Defenderlos, que es un deber, nos educa a todos y es una sólida guía en la construcción de nuestros países para un ahora y un futuro justos y promisorios. No es digno ni decente defenderlos cuando, por «razones políticas», nos conviene y callar cuando no. Tampoco es válido «justificar» su violación porque otros «los violan más» ni la hipocresía de políticos, partidos y gobiernos propensos a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Una vez más con preocupación, con pena y con fuerza, nos solidarizamos con las víctimas y exigimos al gobierno de Nicaragua que cese la persecución y la represión, que libere a los presos políticos y respete el Estado de derecho.

Invitamos a los sectores democráticos y populares a solidarizarse sin temor a que los confundan con los oportunistas que hoy se espantan por lo que sucede en Nicaragua por mera conveniencia publicitaria, pero que no vacilan en arrebatarles a sus pueblos aun sus banderas más sagradas con tal de sacar provecho. Más bien, quienes ayer callaron deben preguntarse cuánto contribuyó su silencio –sin quererlo– a la soberbia y la impunidad con las que el orteguismo protagoniza una nueva satrapía y cuánto mal le hace este silencio a la conciencia humanitaria que tanto necesitamos para contribuir a un mundo más justo, libre y fraterno.