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SUSCRIBITEJulieta Sierra consideró insuficientes las explicaciones del dirigente nacionalista, mientras Charles Carrera cuestionó el acuerdo alcanzado por Fiscalía con los imputados.
El Movimiento de Participación Popular (MPP) cuestionó las explicaciones brindadas por el dirigente del Partido Nacional Jorge Gandini, quien realizó el martes una conferencia de prensa para aclarar que no tiene vínculo con un hombre condenado por lavado de activos que trabajaba para uno de sus ediles.
El hombre fue condenado en el marco de la Operación Trazador, una investigación en la que se encontraron grandes cantidades de dinero en efectivo en su vivienda. Según la información difundida sobre el caso, el condenado se desempeñaba como asesor de un edil de la lista de Gandini y realizaba actividades de lavado de dinero en una casa de cambio a nombre de la esposa del dirigente nacionalista.
La diputada del MPP Julieta Sierra cuestionó las explicaciones de Gandini a través de sus redes sociales.
“Lo de Gandini es alarmante”, escribió, aunque agregó que intentaba mantener “prudencia y cautela” ante los hechos.
La legisladora señaló que “casualmente” un asesor de un edil de la lista de Gandini “lavaba dinero exactamente en la casa de cambio que está a nombre de su esposa”.
“Sigo con la cautela, pero estamos atentos a los acontecimientos y eventualmente varios insistiremos con tomar acciones, legislativas y políticas, que son las que están, en principio, a nuestro alcance”, agregó Sierra.
Por otra parte, el dirigente del MPP y Frente Amplio Charles Carrera cuestionó el accionar de la Fiscalía por el acuerdo alcanzado mediante un proceso abreviado con los imputados en la causa.
Carrera citó una información publicada por El Observador sobre el caso y señaló que “la fiscal del caso que involucra a Gandini había cerrado un acuerdo abreviado con el asesor del edil antes de recibir las pericias del teléfono”.
En la misma publicación, sostuvo que se trató de “un acuerdo exprés firmado con la defensa de los narcos, en menos de 48 horas” y cuestionó el uso de estos mecanismos.
“El abuso de estos acuerdos se ha convertido en un gran problema. El Estado no debería avalar que las investigaciones se corten de esta manera y que sean funcionales a la impunidad”, escribió Carrera.
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