19 de agosto de 2026 - 14:05 La presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), María Elena Mainard, mantuvo reuniones clave con el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y autoridades del Ministerio del Interior para alertar sobre la situación de precariedad que atraviesa el sector.
Los jueces denuncian una falta de apoyo en el Parlamento para modificar la ley de presupuesto actual, a la que califican como un "presupuesto del siglo pasado" que no se ajusta a la realidad actual del país.
Presupuesto y falta de sedes especializadas
Uno de los puntos centrales del reclamo es la imposibilidad de atender la creciente demanda judicial con los recursos actuales. Según Mainard, las carencias generan demoras inevitables en la atención, ya que el número de casos aumenta diariamente mientras la cantidad de juzgados y personal permanece estancada.
En materia de infraestructura, la gremial enfatizó la necesidad urgente de instalar nuevos juzgados de violencia de género. De las 24 sedes solicitadas (6 para Montevideo y 18 para el interior), solo se aprobó la creación de una, que comenzará a funcionar recién en enero de 2027. Asimismo, los magistrados reclaman una adecuación salarial pendiente del 6,08%.
Preocupación por la seguridad de los trabajadores
La seguridad se ha convertido en una prioridad para la AMU ante el avance de las bandas de narcotráfico en el continente. Mainard señaló que ya se han registrado atentados contra jueces y fiscales en otros países de Latinoamérica y advirtió que Uruguay no es ajeno a esta realidad en el futuro cercano.
La magistrada informó que solicitaron al Ministerio del Interior condiciones mínimas de seguridad para las audiencias y el traslado de presos, reclamos que aún no han tenido una resolución definitiva. Mainard describió la labor judicial como inherentemente insegura debido a que se trabaja con un público complejo y las resoluciones judiciales siempre generan disconformidad en alguna de las partes.