Jueces y abogados salieron en defensa de la actuación de la jueza de Soriano, Pura Concepción Book, quien en un reciente fallo impidió que una joven de 24 años interrumpiera su embarazo.
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SUSCRIBITEJueces y abogados salieron en defensa de la actuación de la jueza de Soriano, Pura Concepción Book, quien en un reciente fallo impidió que una joven de 24 años interrumpiera su embarazo.
La sentencia hizo lugar a la acción legal presentada por la expareja de la joven para que esta no abortara.
Ante esta situación, organizaciones sociales y políticas cuestionaron la decisión de la jueza.
El ministro de Salud, Jorge Basso, aseguró estar "sorprendido" y aseguró que desde la cartera se está actuando lo más rápido posible e informó que ya se solicitó la documentación al centro asistencial donde se atiende la joven embarazada para poderlos remitirlos a la Justicia.
"Acá estén corriendo plazos para que esta persona pueda tomar la decisión que ha tomado, es decir la interrupción de su embarazo", indicó el jerarca.
"Inclusive acabo de firmar para que el centro de asistencia que esté vinculado a este tema le informe al ministerio todo.
"Jueza ha cometido un error inexcusable: ha hecho prevalecer su concepción religiosa, ideológica y política, sobre la aplicación del derecho (...) ningún juez puede desaplicar una ley que ha probado beneficio y que no fue declarada inconstitucional intentando bloquea al equipo de salud", publicó el exsubsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, en su cuenta de Twitter.
A raíz de las críticas desde el sector político y social, la Asociación de Magistrados del Uruguay y el Colegio de Abogados del Uruguay emitieron comunicados de respaldo hacia la potestad de la jueza para tomar tales decisiones.
Los magistrados citaron los principios de la Carta de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, que indica que "no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso, ni se someterán a revisión las decisiones de los tribunales".
En tanto, el Colegio de Abogados advirtió que "no cumplir un fallo judicial firme por parte del Poder Ejecutivo, colide contra los principios de tutela jurisdiccional, igualdad y seguridad jurídica que asientan nuestro Estado de Derecho".
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