Ley de riego: no se alcanzaron firmas e interpondrán recurso

Las adhesiones llegaron en 84 cajas y fueron ingresadas a la oficina a través de una cadena humana de militantes que coreaban desde la calle Ituzaingó "el agua no se vende".

El vocero de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Gustavo Ricci, indicó a Telenoche que aunque no se alcanzó la cifra propuesta se hizo una valoración "positiva" de la campaña y que en las próximas semanas se presentará un recurso de inconstitucionalidad para derogar la ley.

La Ley N° 19.553 también conocida como nueva ley de riego fue aprobada por el Parlamento en octubre de 2017, en sustitución de la que estaba vigente desde 1997.

Su principal impulsor fue el exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre, quien desde el comienzo de su gestión fundamentó la necesidad de aprobar una nueva normativa que permita que el riego mejore la producción.

La ley permite la creación de sociedades y asociaciones agrarias de riego con el objetivo de que el uso del riego no sea algo predial e individual, sino colectivo y multipredial mediante la construcción de represas de cierto porte en determinadas cuencas de agua.

Por lo tanto, los productores pueden asociarse para acceder a ese recurso y en estos colectivos podrán participar también inversores privados.

Desde que comenzó la discusión de esta ley se ha originado un intenso debate sobre sus alcances e impactos en las dimensiones sociales, económicas y medioambientales, así como la denuncia de que la nueva reglamentación privatiza el agua.

En un informe realizado por especialistas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República Oriental del Uruguay se afirma que las obras de canalización, rectificación de cursos y la construcción de represas, representan las perturbaciones de origen humano más frecuentes y severas, que afectan directamente el régimen de caudales y, por ende, todos los componentes del sistema.