La reducción también se registró en hogares con niños menores de seis años y en los de menores ingresos, aunque estos grupos siguen siendo los más afectados.
La inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares uruguayos bajó de 13,2% a 12,4% en la comparación interanual, según datos primarios de la Encuesta Continua de Hogares. La inseguridad alimentaria grave también disminuyó, de 1,9% a 1,5%, informó el Instituto Nacional de Alimentación (INDA).
La directora del organismo, Micaela Melgar, presentó los datos en el marco del Día Mundial de la Alimentación, durante una instancia de diálogo interinstitucional para avanzar en una agenda nacional sobre sistemas alimentarios y garantizar el derecho a la alimentación.
Melgar señaló que, aunque Uruguay es un país productor de alimentos, todavía existen dificultades de acceso. Además, advirtió que los niños siguen más expuestos a la inseguridad alimentaria que el resto de la población. “La brecha se achica, pero persiste. Y mientras persista tenemos que poner el foco ahí”, afirmó.
En los hogares con niños menores de seis años, la inseguridad alimentaria moderada o grave pasó de 18,9% a 14,8%, mientras que la grave descendió de 2,2% a 1,8%. Según el INDA, se trata de la mayor reducción interanual para ese grupo desde que comenzó a aplicarse la medición, en 2022.
La disminución también se registró en los hogares de menores ingresos. En el primer quintil, la inseguridad alimentaria moderada o grave bajó de 33% a 31,8%, y la grave pasó de 5,8% a 4,8%.
“El objetivo es pisar el acelerador y lograr bajas sostenibles y sustantivas”, sostuvo Melgar, quien señaló que Uruguay cuenta con capacidad productiva, estatal y social para seguir avanzando.
El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, vinculó los resultados con las políticas destinadas a reducir la pobreza en niños y adolescentes, así como con las medidas de alimentación escolar y liceal y las transferencias económicas.
“Lo que se está logrando no es producto del destino o la casualidad, sino de decisiones políticas”, expresó.
Por su parte, el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, planteó la necesidad de establecer un marco legal que reconozca el acceso a la alimentación como un derecho. También destacó la importancia de coordinar las políticas públicas, fijar objetivos a mediano y largo plazo e incorporar a los gobiernos departamentales y municipales.
El subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, señaló que la salud depende de factores sociales como los ingresos, la vivienda, la alimentación y la actividad física. En ese sentido, sostuvo que concebir la alimentación como un derecho permite abordar la falta de acceso a los alimentos como un problema de salud pública.
Suscríbete y recibe todas las mañanas en tu correo lo más importante sobre Uruguay y el mundo.