Ante la falta de acuerdo con el Gobierno por financiamiento, las autoridades de la Caja aseguran que aplican esta medida amparados en la legislación vigente.
El directorio de la Caja de Profesionales de los Profesionales Universitarios (CJPPU) mantuvo una reunión este lunes con autoridades del Poder Ejecutivo para detallar la implementación de un nuevo timbre profesional de $170. La medida, que entrará en vigencia a partir de agosto, se aplicará a los usuarios del sistema mutual cada vez que un médico realice una actuación en su historia clínica, como recetar medicamentos o solicitar estudios.
Fernando Rodríguez, en representación del directorio de la institución, reconoció abiertamente que la iniciativa tiene un objetivo financiero directo. "Tiene un fin estrictamente recaudatorio esto, sí, por supuesto", afirmó, argumentando que la decisión se tomó luego de que el Gobierno no aceptara ninguna de las propuestas alternativas presentadas por la Caja ante la comisión de expertos.
El nuevo costo impactará en las consultas del sistema privado, aunque se establecieron grupos que quedarán exceptuados del pago: menores de un año, embarazadas, mayores de 65 años y pacientes con patologías crónicas u oncológicas. Asimismo, para el resto de los usuarios que no presenten enfermedades prevalentes, se estableció un tope de cobro de un solo timbre por mes, independientemente de la cantidad de veces que consulten al médico en ese período.
La implementación de este timbre profundiza la diferencia de posturas entre la Caja y el Gobierno Nacional. Desde la institución señalan que, ante la falta de acuerdos para otras reformas, se optó por utilizar las potestades legales que ya posee la Caja para generar "recursos genuinos" y evitar una mayor dependencia de la asistencia estatal.
Rodríguez enfatizó que, si bien la Caja atraviesa una situación de desfinanciamiento, el cobro es de carácter obligatorio por estar establecido en la ley y no simplemente por la crisis de la institución. Las autoridades de la Caja manifestaron su disposición a continuar el diálogo con las áreas de salud del Gobierno para que la medida tenga el "menor impacto posible" en la población, sin renunciar a la necesidad de obtener los ingresos que la Caja requiere para su sostenibilidad.
Por su parte, para el Gobierno es "irregular e inconveniente" y un "mazazo" al usuario. El director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, calificó la medida de "insostenible" y afirmó que el Ministerio de Trabajo impedirá su aplicación a partir de agosto.
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