Justicia internacional dio la razón a Uruguay en el litigio por Aratirí; Estado podrá cobrar US$ 4 millones

El proyecto había sido impulsado políticamente por el entonces presidente de la República, José Mujica, pero, al final de su mandato, cuando las negociaciones no avanzaban, advirtió sobre un posible litigio.

La iniciativa finalmente no se concretó y los inversores integrantes de la familia Agarwal responsabilizaron al Estado uruguayo.

Estos empresarios señalaron que el Estado uruguayo era responsable del fracaso del proyecto por haber puesto en marcha un proceso de expropiación "ilícito" entre 2012 y 2017.

Asimismo, plantearon que Uruguay incumplió sus obligaciones de trato justo y equitativo hacia las inversiones protegidas en su territorio por el convenio entre Uruguay y el Reino Unido sobre protección y promoción de las inversiones de capital, señala la resolución que publicó Búsqueda.

El caso había tenido una primera resolución favorable a Uruguay en 2020, cuando la Corte Permanente de Arbitraje rechazó la demanda y condenó a los reclamantes a pagar cuatro millones de dólares al Estado por los costos del arbitraje.

Se había interpuesto otro recurso jurídico para evitar ese pago, pero la Justicia volvió a fallar a favor de Uruguay.

El 29 de junio de este año se celebró la audiencia de alegatos finales ante el Tribunal de Apelación de París, instancia en la que participaron autoridades de la Prosecretaría de Presidencia. Tras esa audiencia, el martes el tribunal falló a favor de Uruguay, rechazó la solicitud de anulación presentada por los demandantes y mantuvo la vigencia del laudo de 2020, con sus efectos jurídicos, incluido su carácter de cosa juzgada.

Con esta última instancia, Uruguay queda habilitado para avanzar en el cobro de los cuatro millones de dólares adeudados. Además, representa una victoria judicial para el país, que logró rechazar un reclamo de miles de millones y defender su posición frente a uno de los litigios de mayor impacto económico de su historia.