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SUSCRIBITELa Asociación de Magistrados resolvió suspender audiencias no urgentes, dejar de usar medios electrónicos y fijar plazos especiales para órdenes de pago.
Jueces en conflicto.
FocoUyLa Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) mantiene un conflicto con el sistema político que, según indicaron, no se reduce a la discusión del presupuesto, sino que responde a un problema “estructural y persistente”: el deterioro de las remuneraciones judiciales y la falta de reconocimiento al valor real del trabajo de juezas y jueces, algo que —advierten— afecta la independencia del Poder Judicial.
En asamblea, la gremial aprobó una moción que coloca el reclamo salarial en el centro de su estrategia y que inicia un plan gradual de medidas. La AMU resolvió recabar información sobre sueldos de otros funcionarios del Estado mediante la Ley de Acceso a la Información Pública y exigir al Ejecutivo y al Legislativo que, en un plazo de 30 días, habiliten un ámbito de negociación específico para rediseñar el sistema de remuneraciones judiciales.
La primera etapa incluye acciones que no alteran directamente el servicio: informar al inicio de cada audiencia la existencia del conflicto, registrar las condiciones materiales de trabajo en juzgados con mayores dificultades, realizar asambleas en horario de oficina, aplicar estrictamente los plazos legales sin adelantar tareas y suspender la participación en comisiones o espacios institucionales donde magistrados actúan por designación de la Suprema Corte.
Si no hay avances, la AMU prevé acciones que sí distorsionan el trabajo judicial: fijar un plazo uniforme de 15 días para firmar órdenes de pago, dejar de tomar audiencias por medios electrónicos, acotar a un solo día semanal la firma de protocolos notariales —con posibilidad de ampliarlo hasta su suspensión total—, reprogramar audiencias que no sean urgentes y paralizar tareas no esenciales. En una etapa avanzada del conflicto, podría aplicarse una paralización total con guardia gremial para atender únicamente asuntos estrictamente urgentes.
La asociación encargó a su Comisión Directiva convocar una nueva asamblea en un plazo máximo de diez días para evaluar la evolución del conflicto.
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