INDDHH recomienda rechazar el proyecto para "reinstalar" la ley de Caducidad

El mismo pretende derogar la ley interpretativa del 2011, la cual permitió la reapertura de investigaciones que desembocaron en nuevos procesamientos, y reinstalar la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. 

En ese sentido, la INDDHH sostiene que el proyecto propuesto "trasgrede principios básicos del sistema de justicia, pretendiendo restaurar una norma que durante largos años gestó la impunidad respecto de los crímenes cometidos por la dictadura y abomina del multilateralismo en las relaciones internacionales, el que constituye un pilar fundamental sobre el que se edifica el respeto de los derechos humanos en nuestra región y en el mundo".

"El terrorismo de Estado sufrido en Uruguay durante doce años se caracterizó por la persecución, encarcelamiento, tortura, ejecuciones y desaparición forzada de personas, todas atrocidades que no pueden calificarse de “excesos”. Un “exceso” denota aquello que sobrepasa lo normal, más allá de la medida, que supera los límites de lo ordinario. Los crímenes del  terrorismo del Estado no pueden ser considerados como excesos, sino que fueron violaciones de los derechos  humanos. Estas fueron cometidas por funcionarios estatales, de forma sistemática o masiva,  y bajo la instigación o la tolerancia de las más altas autoridades de los gobiernos de la época. Tales violaciones a los derechos humanos fueron crímenes de lesa humanidad -y no excesos- y como tales se deben, juzgar y sus autores ser hechos responsables", indica el texto.

La INDDHH insiste en que durante la vigencia pasada de esa ley de Caducidad "el Estado incumplió con la obligación de investigar y sancionar a los responsables, se expuso al reclamo de las víctimas en los ámbitos internacionales y fue señalado en esos foros por no respetar los derechos humanos y los acuerdos internacionales de los que formaba parte desde antes de la dictadura".  

En esa línea, la Institución recuerda que la ley de caducidad fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y luego derogada por la ley 18.831 "restableciendo de este modo el derecho a la justicia".

Finalmente, recomiendan a las fuerzas políticas "rechazar este tipo de iniciativas", las cuales atentan contra el correcto cumplimiento de los derechos humanos.