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La Fiscalía de Delitos Sexuales de 4to. Turno, a cargo de la fiscal Sylvia Lovesio, imputó este miércoles al principal investigado por el Comando Banreix por almacenamiento, producción y distribución de pornografía infantil, incitación al odio, instigación pública a delinquir y apología del delito.
Según informó la fiscal Sylvia Lovesio el detenido es un hombre de 30 años, estudiante avanzado de la carrera de medicina y con un "alto nivel educativo".
Las autoridades que incautaron sus equipos electrónicos encontraron una cantidad impresionante de archivos (fotos y videos) de pornografía infantil. Solo un disco de los periciados contenía más de un millón de archivos.
Para el detenido se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación.
Esta imputación es paralela a la investigación por el Comando Banreix, que es competencia del fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco.
En enero de 2017 el autodenominado Comando Barneix envió mensajes con amenazas de muertes a personas públicas y jerarcas vinculados a la defensa de los Derechos Humanos.
El comando toma el nombre de Pedro Barneix, procesado con prisión por la jueza Beatriz Larrieu en 2015, por su actuación en el asesinato de Aldo Perrini en 1974, durante la dictadura cívico-militar.
Al enterarse de su procesamiento Barneix se suicidó antes de ser detenido por los efectivos policiales.
"El suicidio del general Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio, de ahora en más, mataremos a tres elegidos al azar de la siguiente lista", sostenía un correo firmado por el grupo comando que circuló durante 2017.
En la lista se encontraban, entre otros, los abogados Óscar López Goldaracena y Pablo Chargoñia, la exfiscal Mirtha Guianze, el exjuez Federico Álvarez Petraglia, el fiscal de Corte Jorge Díaz y el exministro de Defensa Jorge Menéndez, fallecido en 2019 luego de luchar contra un cáncer.
En su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó al Estado uruguayo a "desarrollar investigaciones prontas, exhaustivas y diligentes de los hechos, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables".
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