La Justicia imputó este miércoles al exsenador frenteamplista Charles Carrera por los delitos de fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información privilegiada.
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SUSCRIBITEA pesar del pedido de la Fiscalía, la jueza negó la prisión domiciliaria total y la prohibición de usar redes sociales. En cambio deberá fijar domicilio y no puede salir del país sin autorización previa.
La Justicia imputó este miércoles al exsenador frenteamplista Charles Carrera por los delitos de fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información privilegiada.
Como medida cautelar, se dispuso prisión preventiva domiciliaria por 90 días, con fijación de domicilio y prohibición de salir del país.
La imputación fue solicitada por la fiscal del caso, Sandra Fleitas. La defensa anunció que interpondrá un recurso de reposición y apelará la resolución judicial.
La audiencia de formalización comenzó a las 15:45 en Fiscalía, luego de que la jueza Lorena Juliano rechazara el pedido de postergación presentado por la defensa por presunta indefensión. El abogado de Carrera, Juan Manuel González, argumentó que el cambio de fiscal implicó una modificación de la teoría del caso, que originalmente investigaba un presunto abuso de funciones y actualmente incluye nuevos delitos.
La jueza desestimó el planteo, señalando que la defensa tuvo acceso a la carpeta fiscal en todo momento. Además, indicó que los fiscales tienen autonomía técnica para modificar decisiones anteriores. Fleitas sostuvo que la defensa intentó dilatar el proceso hasta diciembre, fecha en la que prescribirían los presuntos delitos.
Según la fiscal, Carrera permitió el uso irregular del Hospital Policial para la atención de un civil, lo que habría generado un perjuicio a la administración pública. La investigación se centra en el caso de Víctor Hernández, quien fue herido por una bala perdida en La Paloma y permaneció internado durante cuatro años en el Hospital Policial, recibiendo además apoyo económico. Esto ocurrió cuando Carrera era director general del Ministerio del Interior.
A raíz del avance de la investigación y del pedido de desafuero presentado por la fiscal anterior, Silvia Porteiro, Carrera renunció al Senado y a la lista 609 del Movimiento de Participación Popular (MPP).
Fleitas señaló que Carrera habría autorizado verbal y formalmente el ingreso de Hernández al Hospital Policial y el pago de tickets de alimentación provenientes de un fondo destinado a canastas de fin de año para funcionarios policiales. Agregó que se falseó la ocupación del paciente en un documento médico, lo que constituiría falsificación ideológica por funcionario público.
En cuanto al delito de fraude, la fiscal argumentó que no existía norma que habilitara el gasto en un particular, lo que implicaría una desviación del poder y un perjuicio para el Estado. También sostuvo que Carrera hizo uso de información reservada por razón de su cargo.
La defensa de Carrera solicitó el sobreseimiento respecto al delito de abuso de funciones. La fiscal respondió que no se puede pedir sobreseimiento si no hay acusación formal. El abogado González cuestionó la solicitud de formalización y sostuvo que la fiscalía incurrió en errores y carece de sustento probatorio.
La defensa también afirmó que no existió falsedad en los documentos de Sanidad Policial y que existía una reglamentación especial para autorizar atenciones a personas no usuarias del sistema. González sostuvo que el documento donde se consigna la ocupación como "oficial subayudante" se genera por defecto en el sistema informático.
El abogado agregó que no hubo engaño y que la autorización fue por razones humanitarias, en beneficio de la administración. Rechazó la existencia de fraude y sostuvo que el beneficio no fue personal ni para un tercero.
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