Gustavo Penadés continuará en prisión y Sebastián Mauvezin estará en libertad con tobillera

Fiscalía sostuvo que no se trata de riesgos hipotéticos y recordó episodios ocurridos durante la investigación, entre ellos el caso de Federico Rodríguez, además de la existencia de una presunta trama de seguimiento y vigilancia de víctimas y testigos.

También destacó que Penadés enfrenta una acusación por delitos graves, entre ellos cohecho y asociación para delinquir, y que la investigación involucra 54 testigos, algunos de ellos personas que tuvieron vínculos laborales o de subordinación con el exsenador.

La abogada de las víctimas, Soledad Suárez, coincidió con Fiscalía y afirmó que los riesgos no desaparecieron con el paso del tiempo. Sostuvo que las consecuencias de la trama continúan y que algunas víctimas recibieron amenazas.

La defensa, encabezada por Laura Robatto, volvió a solicitar que la prisión preventiva sea sustituida por una medida menos gravosa, como prisión domiciliaria.

Robatto cuestionó que se mantenga la prisión preventiva después de 36 meses y planteó que debe analizarse el principio de inocencia, la proporcionalidad y el límite temporal de las medidas cautelares.

También denunció las condiciones en las que Penadés fue trasladado y permaneció detenido en una oportunidad, relatando que estuvo esposado durante horas dentro de una celda con un pequeño banco de cemento. La jueza Vargas señaló que, de confirmarse un trato degradante o cruel, correspondería investigar el hecho de oficio.

Durante la audiencia, la jueza también hizo referencia a un episodio ocurrido mientras declaraba un testigo: según relató, Penadés se levantó y lo saludó durante su declaración, algo que consideró relevante al analizar los riesgos procesales.

Para Vargas, ese episodio, sumado al conjunto de elementos de la causa, permite concluir que una medida de menor intensidad podría incrementar los riesgos.

La defensa anunció que apelará la decisión. Robatto cuestionó especialmente que la resolución no explique por qué una medida menos gravosa no podría neutralizar los riesgos señalados.

Fiscalía, en tanto, pidió al tribunal de alzada que mantenga la decisión y remarcó que más de 40 de los 54 testigos no son policías, incluyendo personas que trabajaron con Penadés y que, según la acusación, estuvieron bajo su influencia.

Libertad con tobillera para Mauvezín

La Justicia resolvió cesar el arresto domiciliario total de Sebastián Mauvezin, pero le impuso libertad con tobillera electrónica y nuevas restricciones.

La defensa, encabezada por Rossana Gavazzo, sostuvo que Mauvezin ya cumplió la mitad de los seis años de pena solicitados por Fiscalía y que, por lo tanto, correspondía el cese de la medida cautelar. Argumentó además que no hubo incumplimientos, intentos de fuga, ni denuncias de acercamiento o contacto con víctimas durante los últimos meses.

Gavazzo cuestionó la posición de Fiscalía y afirmó que mantener el arresto domiciliario total sería ilegal, porque el Código del Proceso Penal establece mecanismos para el cese de la prisión preventiva una vez cumplida determinada proporción del tiempo de la pena solicitada.

La fiscal Isabel Iturralde rechazó ese argumento. Explicó que el arresto domiciliario es una medida cautelar distinta y de menor intensidad que la prisión preventiva, por lo que no puede equipararse automáticamente a una prisión cumplida a efectos del artículo 235 del CPP.

Fiscalía sostuvo además que persisten los riesgos procesales, especialmente respecto de las víctimas y testigos. Recordó que la acusación incluye siete delitos vinculados a la explotación sexual de menores o incapaces y mencionó hechos ocurridos en 2022.

La abogada de las víctimas, Soledad Suárez, respaldó la posición de Fiscalía y sostuvo que los riesgos continúan vigentes. Señaló además que Mauvezin habría tenido contacto con algunas de las personas involucradas en la investigación y que existe preocupación por eventuales contactos directos o indirectos.

Finalmente, la jueza Marcela Vargas entendió que se trataba de una cuestión jurídica compleja y aplicó una interpretación favorable al imputado respecto del régimen cautelar.

Por eso resolvió modificar el arresto domiciliario total y disponer la libertad bajo vigilancia con tobillera electrónica; prohibición de salir del país y cierre de fronteras y prohibición absoluta de contacto por cualquier medio con víctimas, familiares y testigos vinculados al proceso.

* Las medidas podrán ser modificadas o revocadas si cambian las circunstancias o aparecen nuevos riesgos.

Fiscalía presentó recurso de reposición y apelación contra la decisión. Iturralde sostuvo que la norma invocada por la defensa no resulta aplicable a los delitos por los que Mauvezin está acusado, varios de ellos ocurridos desde 2019 en adelante.

La jueza finalmente rechazó el recurso de reposición, por lo que la discusión continuará ante el Tribunal de Apelaciones.