Legisladores del Frente Amplio y su presidente Javier Miranda plantearon una batería de medidas de impacto social y económico ante la emergencia sanitaria para el primer semestre de 2021.
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SUSCRIBITELegisladores del Frente Amplio y su presidente Javier Miranda plantearon una batería de medidas de impacto social y económico ante la emergencia sanitaria para el primer semestre de 2021.
La fuerza política volvió a insistir en que "los recursos volcados por el Estado en 2020 han sido limitados e insuficientes, tanto en relación con las necesidades básicas como en cualquier comparativo internacional".
En ese sentido proponen un ingreso básico de emergencia porque consideran que "la pandemia ha generado impactos desiguales en la actividad económica, afectando sobre todo a sectores con menor capacidad de respuesta, ligados al trabajo por cuenta propia y con coberturas parciales de la seguridad social".
Es así que proponen a un subsidio a cobrar entre marzo y junio para los hogares más vulnerables y la suspensión de "cortes de servicios" además del diferimiento de cuotas de vivienda y en los pagos "de los servicios para los sectores más necesitados".
Para esos sectores también se plantea "suspender desalojos y lanzamientos de inquilinos por 120 días y un diferimiento de intereses de cuotas hipotecarias de MVOTMA, ANV, y BHU entre marzo y junio de 2021".
El Frente Amplio también presentó una propuesta para crear "un subsidio al alquiler" que tenga como objetivo garantizar la permanencia en la vivienda para trabajadores en seguro de paro y para aquellos hogares que reciban la renta básica de emergencia.
Este subsidio tendría especial prioridad para "los hogares monoparentales, familias con hijos menores de 12 años y familias con hijos discapacitados".
La coalición de izquierda también propone atender al sector turístico mediante la creación de un "fondo especial para apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas de este sector" y buscar mecanismos para impulsar la inversión privada en infraestructura y vivienda.
También se busca adelantar la inversión pública "tal como se hizo frente a la crisis internacional de 2008-2009".
"Se propone llevar la inversión prevista en 2021 de 450 millones de dólares a mil millones de dólares", señala el documento.
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