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SUSCRIBITEEl decreto firmado por Orsi modifica la normativa que hasta ahora regula la espera para consultas médicas y estudios no urgentes.
El presidente Yamandú Orsi firmó el pasado viernes un decreto que fijó modificaciones a la normativa que regula la espera para consultas de medicina general, pediatría, ginecología, medicina familiar y para la atención de especialistas.
El nuevo decreto comienza a regir en un plazo de 60 días introduce cambios en los tiempos de espera y en la forma en que se gestionan las prestaciones dentro del sistema de salud.
Se mantienen algunos plazos ya vigentes, como las 48 horas hábiles para cirugía general y los 30 días para otras especialidades, pero se agregan nuevas categorías. Entre ellas, el “especialista tratante”, con tiempos de hasta 90 días, y consultas priorizadas en determinadas especialidades que deberán concretarse en un máximo de 10 días hábiles.
Por primera vez, se fijan plazos para estudios diagnósticos no urgentes, como tomografías, resonancias magnéticas, ecocardiogramas y endoscopías, e incorpora tiempos abreviados para casos priorizados junto con la obligación de gestionar activamente las listas de espera.
Gabriela Pradere, presidenta de la Junta Nacional de Salud (Junasa), dijo que la tomografía deberá ser indicada en un plazo máximo de 60 días y 90 días para el resto de los estudios mencionados. "En el caso de que el estudio estén priorizados por cuestiones asistenciales, el plazo máximo de 30 días", apuntó. La jerarca explicó que esto aplica a las consultas no urgentes, y no a las emergencias cuyo plazos son menores.
También se establecen límites más estrictos para cirugías oncológicas, que deberán realizarse en un máximo de 30 días corridos, y se ajustan los tiempos del primer nivel de atención —medicina general, pediatría, ginecología y medicina familiar—, que deberán otorgarse en 24 horas hábiles.
El decreto además incorpora cambios regulatorios: prohíbe barreras adicionales en la prescripción de medicamentos, delimita el alcance geográfico del cumplimiento de los plazos y crea una comisión de seguimiento en la órbita de la Junta Nacional de Salud.
A su vez, se prevén medidas para reducir consultas administrativas, como extender hasta 365 días la prescripción de tratamientos crónicos y evitar renovaciones innecesarias de psicofármacos, con el objetivo de liberar agenda médica para atención clínica.
Pradere explicó que el objetivo de este último punto es eliminar consultas que de alguna manera "están burocratizando el sistema", aunque explicó que en el caso de patologías vinculadas a la salud mental esos tiempos serán menores.
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