El Tribunal de Conducta y su incidencia en el Plenario del FA

El vicepresidente se presentó por voluntad propia en el mes de junio para que su caso fuera estudiado por el TCP. El organismo tardó poco más de un mes para analizar la situación y emitir un dictamen.

"Suelen demorar mucho. Acá hay ansiedad por quién es (el vicepresidente de la República)", dijo el diputado de Asamblea Uruguay y vicepresidente del FA, José Carlos Mahía, quien puso como ejemplo el caso del diputado de la Liga Federal, Darío Pérez, cuya situación está a estudio desde enero del año pasado y sobre cual aún no hubo ningún pronunciamiento.

El pasado 1° de agosto, el presidente del FA, Javier Miranda, anunció que el dictamen del TCP estaba listo y depositado en una caja fuerte en la sede de la orgánica. Una vez que se fije una fecha, el Plenario tomará cuenta del dictamen en el mismo momento y allí evaluará si ameritan o no sanciones.

"El TCP evalúa y el Plenario sanciona. Es como en el Poder Judicial con el juez y la fiscalía. No se pronuncia sobre el dictamen; se propone archivar o sancionar", explicó Mahía.

Según las averiguaciones que pudo hacer Telenoche, el vicepresidente contaría con las mayorías necesarias para que el caso sea archivado, ya que el MPP, el Partido Comunista, la Lista 711 y Casa Grande manifestaron su apoyo.

Sin embargo, el diputado del MPP, Alejandro Sánchez, dijo esta mañana en el programa Pisando Fuerte que el Plenario "no puede dar vuelta lo que dice el Tribunal".

"El Tribunal no es Dios pero es un conjunto de compañeros de larga trayectoria dentro del Frente Amplio donde los frenteamplistas hemos hecho por común acuerdo que cuando tenemos dudas, críticas o convicciones sobre que algún compañero se equivocó, lo denunciamos allí para que se haga una investigación y nos informe sobre las acciones", sostuvo.

ANTECEDENTES. Desde que el Frente Amplio (FA) llegó al gobierno fueron varios los políticos cuyo accionar fue evaluado por el Tribunal de Conducta Política (TCP) del partido.

El año pasado, el organismo partidario resolvió estudiar de oficio la situación de los diputados Darío Pérez, Sergio Mier y el difunto Víctor Semproni, que se negaron a votar tres artículos del proyecto de la ley de Presupuesto, rompiendo así con la disciplina partidaria.

En ese entonces Semproni era cuestionado por abrir una lista en el Municipio A, donde la fuerza política había decidido impulsar la candidatura única de Gabriel Otero, pero también por romper con la disciplina partidaria del FA en uno de los temas más sensibles para la izquierda.

En 2012 Semproni fue sancionado por no acompañar la votación para la ley interpretativa de la Caducidad. En ese entonces, el TCP dictaminó que el legislador incurrió en "desacato" y durante ese período de tiempo se le negó la participación en los organismos internos del FA.

"No sé lo que dijo el Tribunal de Conducta, no me importa lo que dijo, ni me preocupa, porque no le voy a dar la más mínima pelota", dijo en su momento Semproni a El País.

Ese mismo año, el Partido Comunista (PC) fue sancionado a raíz de la decisión del senador Eduardo Lorier y la diputada Alicia Pintos de no votar la ley de Educación en el Parlamento en 2008.

Lo curioso de este caso es que fue el propio PC que presentó el tema ante el tribunal y sus delegados en el Plenario apoyaron la sanción.

Durante un mes, el partido quedó excluido de los órganos de dirección del FA. En su momento, se estimó que el período de sanción pudo haber sido mayor.

Otro de los frenteamplistas que atravesó esta instancia fue Gonzalo Fernández, exsecretario de presidencia, a raíz de las investigaciones judiciales que pesaban en su contra por presunta conjunción del interés personal y del público luego de que el Parlamento derogara el delito por el que fueron procesados los hermanos Peirano Basso.

En dicha instancia, el Plenario lo eximió de toda responsabilidad.

Uno de los casos más sonados fue el del diputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Luis Puig, quien fue eximido de responsabilidad por el Plenario a pesar de que el Tribunal aconsejó lo contrario.

Puig decidió no acompañar una extensión de la misión de paz en Haití a pesar de que a los diputados del FA se les había mandatado eso. Por este motivo, Puig votó en contra y abandonó la banca.

Otra figura que atravesó por esta instancia fue el exsenador Jorge Saravia, quien al igual que Semproni se negó a votar la ley interpretativa de la Caducidad. Sin embargo, el Tribunal nunca se llegó a expedir porque Saravia se había pasado a filas del Partido Nacional.