El Poder Ejecutivo envió al Parlamento proyecto de ley para habilitar la jubilación anticipada

De acuerdo a la exposición de motivos, a diferencia de las causales anticipadas vigentes (extensa carrera laboral y puestos particularmente exigentes, como el trabajo en la construcción), la nueva no exige acreditar circunstancias vinculadas al puesto de trabajo. El Gobierno la fundamenta en los desafíos que el cambio tecnológico, incluida la inteligencia artificial, plantea a la empleabilidad de las personas cercanas a los 60 años y en las desigualdades del mercado laboral, dado que los sectores vulnerables llegan al retiro con mayor desgaste físico y menor esperanza de vida.

La causal será incompatible con el trabajo remunerado y con el uso de servicios bonificados. Los años exigidos serán reales, salvo el cómputo ficto por hijo.

Quien se jubile anticipadamente recibirá una tasa de adquisición de derechos menor: 1,20% por año computado a los 60, que sube hasta 1,50% a los 65. Para ingresos medios y altos se ajusta además el suplemento solidario, por lo que, según cálculos del Banco de Previsión Social (BPS), estas personas tendrían una pérdida neta si adelantan el retiro. En cambio, quienes tienen ingresos bajos podrían acceder en condiciones similares o mejores que antes de la reforma de 2023.

El Ejecutivo estima que la causal alcanzaría a cerca del 50% de las altas jubilatorias anuales, aunque no todos harían uso del derecho: hoy la edad promedio de retiro ronda los 63 años y más de la mitad de quienes pueden jubilarse a los 60 postergan. El costo máximo sería de 0,15% del PIB entre 2040 y 2045, se compensaría parcialmente con jubilaciones menores, daría un ahorro de 0,03% del PIB hacia 2070 y sería neutro en el largo plazo.