El Parlamento estudia proyecto de ley para que reclusos sean liberados en su ciudad de origen

Hoy en día, la mayoría egresa directamente en la puerta del establecimiento, sin importar de qué departamento o ciudad provenga ni si tiene dinero para regresar a su hogar.

Un nuevo proyecto de ley impulsado en la Cámara de Diputados busca cambiar esta realidad.

La iniciativa propone que toda persona liberada sea trasladada y puesta en libertad en la ciudad correspondiente a su último domicilio conocido.

Si no se puede verificar esa dirección, se tomará como referencia el lugar donde esté inscripto en la credencial cívica.

Para cumplirlo, la autoridad penitenciaria deberá coordinar la logística y gestionar los traslados, aunque existen excepciones.

El liberado podrá pedir por escrito ser llevado a otra ciudad, o la Justicia podrá impedirlo si existen medidas cautelares o restricciones de seguridad que prohíban su regreso a ese lugar.

El objetivo principal es evitar que las personas queden en situación de desamparo o en calle apenas salen de la cárcel.

Si bien la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, respaldó el espíritu de la iniciativa, advirtió sobre sus dificultades operativas.

El sistema registra unos 886 egresos mensuales, y casi tres de cada diez liberados no tienen un domicilio fijo o verificable.

Además, advirtió que usar la credencial cívica como referencia es inviable, ya que más del ochenta por ciento de los reclusos ni siquiera tiene su cédula al día.

Para evitar un costo millonario mensual en traslados policiales, el INR propuso sustituir los patrulleros por un sistema de vouchers y pasajes de ómnibus en convenio con las intendencias.

También sugirió que la ley se aplique de forma progresiva, comenzando primero por las mujeres del interior, que son quienes más sufren el desarraigo familiar.