El Gobierno busca reforzar la lucha contra la trata de personas, pero reconoce limitaciones de recursos

Según el último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de Uruguay, en 2023 se formalizaron 31 causas judiciales vinculadas a la trata y se condenó a 35 personas. Ese año, fueron atendidas 208 víctimas: un hombre, 38 mujeres y 169 menores de edad. El documento advierte que Uruguay aún no cumple con los estándares mínimos para eliminar la trata y que sus esfuerzos disminuyeron en 2024.

Durante la sesión inaugural del Consejo, la directora de Inmujeres, Mónica Xavier, subrayó la complejidad del delito: “No podemos perder de vista que esto es un delito que puede tener finalidad para la explotación laboral o sexual, que puede ser interno, dentro de nuestro país, o transnacional con redes. Tenemos que mejorar la respuesta del Estado y también sensibilizar a la sociedad para detectar indicadores que puedan alertar sobre posibles situaciones de trata”.

Xavier anunció que uno de los objetivos principales es la elaboración de un protocolo validado, dado que actualmente existe una guía interinstitucional, pero no un procedimiento formal. “Eso supone juntar saberes, responsabilidades institucionales, y también avanzar en la reglamentación del artículo de la ley que permite decomisos, para que los recursos se destinen a la reparación patrimonial de las víctimas y a la prevención de la trata”, explicó.

Actualmente, la atención a las víctimas está a cargo de la ONG Agenda de Derechos. Sin embargo, desde Inmujeres se reclama presupuesto para que esa tarea pueda ser asumida por funcionarios especializados del propio instituto.