Desalojan a usurpadores en Los Palomares

Una de estas personas es Mónica Sosa, la mujer señalada por la Fiscalía y el Ministerio del Interior como la líder de Los Chingas, la banda criminal relacionada al narcotrafico que desalojó a decenas de familias de Casavalle en 2017.

La jueza María Noel Olaizola la formalizó por usurpación de una finca y por hurto de energía y agua. Deberá cumplir 60 días de prisión preventiva por ocupar una vivienda que no era suya. 

Una de las personas que declaró ante Fiscalía explicó a Telenoche que les dieron dos opciones: "prisión o desalojar las viviendas en 24 horas". "Hay familias que tienen hijos menores y a la fiscal no le importó", agregó.

Además, dijo que él le compró la casa a una joven que la puso a la venta por 80.000 pesos y que le había prometido que le iba a dar los papeles del inmueble. "Nunca apareció".

En tanto, otro de los imputados dijo que "es un tipo laburador" y que fue procesado por un delito que cometen muchos vecinos del barrio, colgarse de la luz y del agua. "A esta vivienda yo llegué por un contrato que hice con la dueña de la casa".

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, dijo a Telenoche que "el hecho de que se vayan las primeras familias que usurparon viviendas en este lugar aporta a la paz y a la convivencia".

"Esa paz la estamos consturyendo paso a paso pero con un plan que es muy contundente, muy firme, muy articulado y con mucha evidencia", señaló. "Estos no son los primeros procesamientos que se hacen y tampoco van a ser los últimos".

En la misma línea, indicó que las personas que entregaron las viviendas fueron procesadas con prisión durante seis y nueve meses pero como eran primarios, la Justicia hizo un acuerdo con la defensa en la que se comprometían a entregar las propiedades en un plazo de 24 horas, a no volver al barrio durante seis o nueve meses, a fijar un nuevo lugar de residencia y a presentarse en la seccional policial más cercana todas las semanas

"Ellos están siendo desalojados porque reconocieron que usurparon estas viviendas y que tienen otro lugar donde ir", agregó.

Respecto a las declaraciones de las familias desalojadas que dijeron tener niños, Leal dice que las personas que sacaron de sus casa también tenían niños. "Se acuerdan de los niños una vez y luego, no".

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TENSIÓN. A las 15:00 horas de este jueves, la rutina se vio interrumpida en la calle Aparicio Saravia donde los vecinos hicieron un piquete, con quema de contenedores, ante los desalojos. 

Al momento, centenares de efectivos policiales de la Guardia Republicana, del Grupo Especial de Operaciones y de la Zona III de Investigaciones custodian la zona, a pie, en moto y en vehículos blindados. 

ANTECEDENTES. Entre setiembre y diciembre de 2017 decenas de familias fueron desalojadas de sus hogares por parte de esta banda. El 18 de diciembre, el operativo Mirador 1 en Los Palomares desarticuló y procesó con prisión al núcleo principal de la banda.

Las víctimas fueron realojadas en distintas viviendas fuera de la zona por parte del Estado en el marco de una política de protección a víctimas y testigos.

“Los hechos no quedaron impunes. Y la decisión es que ninguna situación de esas características quede impune”, dice Leal en su carta. “Estamos haciendo un ejercicio activo de la autoridad. El mensaje es claro: no hay tolerancia alguna para los delincuentes y narcotraficantes y menos aún para quienes pretendan ensayar un control del territorio. Todos irán a la cárcel”.