13 de junio de 2025 - 20:54 En noviembre del año pasado y en medio de una monumental crisis de la AUF, que incluía una denuncia penal presentada por 13 clubes del fútbol uruguayo contra el ejecutivo de la asociación y una rebaja en la calidad crediticia por parte del Banco República (BROU), dos directores de la institución presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos por episodios de apariencia delictiva, una denuncia que luego de siete meses no tuvo novedades.
La denuncia penal superó la división oficialismo y oposición, ya que fue presentada por el director de Cabildo Abierto, Pablo Sitjar y el director del Frente Amplio, Leandro Francolino.
Esa denuncia presentada ante el fiscal Gilberto Rodríguez se enmarcaba en la causa que investiga presuntos balances falsos por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
En la denuncia se hace referencia a una garantía duplicada que la AUF presentó ante el BROU para acceder a la línea de crédito que la sostiene y también a la Conmebol para obtener un anticipo de 10 millones de dólares a descontar de futuros ingresos.
Los directores del BROU denunciaron, amparados en el artículo 177 del Código Penal, en su condición de funcionarios públicos y al detectar episodios con apariencia ilícita.
Sitjar y Francolino también solicitaron al fiscal Gilberto Rodríguez el levantamiento del secreto bancario y pidieron que sea requerida al BROU toda la documentación referida a préstamos, garantías y fideicomisos firmados con la AUF.
Ante los reiterados incumplimientos por parte de la asociación, en los últimos meses de 2024, el BROU redujo la línea de crédito de la AUF de 9 a 7,5 millones de dólares y degradó su categoría crediticia a nivel 4, lo que deja al organismo rector del fútbol uruguayo como un cliente con capacidad de pago comprometida.
El BROU, además de ser uno de los principales patrocinadores de la AUF, es también su principal acreedor y, para tomar esta decisión, también tuvo en cuenta el informe de la comisión fiscal de la propia asociación, que ratificó una caída patrimonial del 93%, un dato que ya había sido expresado por la consultora británica Grant Thornton y que la propia AUF remitió al banco en busca de mantener la línea de crédito.