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Defensa

Defensa prioriza ofertas con respaldo estatal para la compra de patrulleras oceánicas

La ministra Sandra Lazo confirmó que el gobierno analiza múltiples propuestas presentadas a través de embajadas, mientras conforma un equipo para auditar lo invertido en el fallido proyecto con la empresa Cardama.

4 de junio de 2026 - 09:50

El Ministerio de Defensa Nacional se encuentra en una etapa de evaluación de diversas propuestas de empresas interesadas en proveer patrulleras oceánicas (OPV) al Estado uruguayo.

En esta nueva fase, el Poder Ejecutivo ha definido como criterio prioritario que las ofertas cuenten con el aval de sus respectivos gobiernos, un factor que la jerarca de la cartera, Sandra Lazo, destacó como fundamental para garantizar la seriedad del proceso.

Según explicó la secretaria de Estado, se han recibido "muchísimas propuestas", aunque evitó mencionar marcas específicas en este momento de la negociación. Lazo subrayó la importancia de que los planteos lleguen a través de las representaciones diplomáticas en nuestro país: "Valoramos mucho que vengan los representantes de las embajadas. Nos importa la seriedad que te da cuando una propuesta viene con el respaldo de los gobiernos".

Informes técnicos y cartas de intención

El proceso de selección avanza actualmente mediante el análisis de cartas de intención, un paso formal que permite a las autoridades continuar estudiando las opciones disponibles. Si bien el Ministerio ya cuenta con informes orales sobre algunas de las propuestas, se ha solicitado documentación técnica y formal más detallada para tomar una decisión final.

"No podría decir en este momento la opción que vamos a tener porque queremos manejarlo justamente con la seriedad que el tema merece", afirmó Lazo respecto a los plazos y la elección de la futura proveedora.

El escenario tras el acuerdo con Cardama

En paralelo al análisis de nuevas ofertas, el gobierno trabaja para cerrar el capítulo de las patrulleras que estaban bajo la responsabilidad de la empresa española Cardama. Por encomienda de la Presidencia de la República, se está integrando un equipo especializado que tendrá dos tareas centrales: auditar los fondos invertidos hasta la fecha y definir las acciones legales necesarias para obtener un resarcimiento para el Estado.

"Estamos viendo qué hacemos con lo que está invertido y auditando qué es lo que hay allí", señaló la ministra, refiriéndose a las acciones para recuperar el patrimonio estatal tras las dificultades con el contrato anterior.

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