La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) indicó que se encuentra en preconflicto y prevé paro en la actividad si no logran acuerdo con el Ejecutivo respecto a licencias médicas y ajustes.
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SUSCRIBITEFuncionarios del Estado nucleados en COFE se reunieron con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y se vislumbra posible conflicto en caso de no haber acuerdo.
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) indicó que se encuentra en preconflicto y prevé paro en la actividad si no logran acuerdo con el Ejecutivo respecto a licencias médicas y ajustes.
El vicepresidente de COFE, José Lorenzo López habló en rueda de prensa y dijo que entienden que las condiciones "no están dadas para empezar a aplicarlo en la fecha que está previsto que es el primero de febrero en una modalidad gradual y entre otras cosas porque los trabajadores de la presidencia de la República ni siquiera han sido notificados de este proceso".
Por otro lado, López sostuvo que no se ha conocido el "instructivo por el cual se va a empezar a implementar este nuevo régimen".
"Nosotros planteamos la posibilidad de postergar el cambio para que el Poder Ejecutivo lo plantee hacia la interna del gobierno y acordamos que en definitiva nos van a dar una respuesta entre la tarde de hoy y el día de mañana", indicó López.
El jueves COFE realizó una asamblea nacional de delegados y se declaró en preconflicto. La base del mismo tiene que ver con que los sindicalizados afirman que el ajuste decretado para 2024 es menor al que se acordó. Mientras esperaban un 6,3% y recibirán un 5,4% en el sueldo que cobrarán en febrero.
Por su parte, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres indicó, al salir de la reunión, que acordaron en consulta con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou "otorgar un plazo de 60 días para la entrada en vigencia de este régimen".
"Esos 60 idas sirven para permitir que desde el movimiento sindical se aportaran elementos para el funcionamiento del sistema", indicó Mieres.
Según Mieres, es una "medida razonable, el gobierno ratifica que va a poner en funcionamiento y además entendemos que debe cambiar el régimen de certificaciones médicas en el sector público, pero nos pareció una buena idea generar ese ámbito para ajustar mejor los detalles y que cuando entre en funcionamiento funcione de la mejor manera posible".
No obstante, desde el Poder Ejecutivo no habría margen de negociación sobre estos aspectos.
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