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SUSCRIBITECardama dijo que no fue intimado a cambiar la garantía antes de la rescisión y que las alternativas propuestas para sustituirla no recibieron respuesta.
El propietario del astillero español Cardama, Mario Cardama, afirmó ante la Comisión Investigadora Parlamentaria que el gobierno uruguayo nunca objetó la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta el anuncio de rescisión realizado por el presidente Yamandú Orsi el 22 de octubre de 2025.
Telenoche accedió a la respuesta enviada por Cardama al Parlamento, en la que el empresario contestó las preguntas formuladas por los legisladores. Allí sostuvo que “hasta la conferencia de prensa del 22 de octubre de 2025, en la que el presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció la rescisión del contrato, el gobierno uruguayo nunca había objetado nada respecto de las garantías”.
Según su relato, 12 días antes del anuncio mantuvo una reunión junto con otros integrantes de la empresa con la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y señaló que en ese encuentro tampoco se abordó la situación de las garantías.
Consultado sobre si el astillero había sido intimado formalmente a presentar nuevas garantías, Cardama respondió que no. “En ningún momento, ni antes del 22 de octubre, ni después del 22 de octubre, se nos intimó a cambiar la garantía ni similar”, afirmó.
El empresario sostuvo además que “jamás se exhibió interés por la garantía” y señaló que la atención estuvo centrada en el episodio vinculado a la garantía de Eurocommerce. Según Cardama, ese hecho fue utilizado para poner fin a un contrato en el que, afirmó, el gobierno “no tenía interés”.
Sobre la conferencia de prensa del 22 de octubre, el propietario del astillero cuestionó que se haya anunciado directamente la rescisión del contrato. “Sugiriéndose en forma implícita que Cardama era responsable del fraude y enlodándonos todo lo que se pudo”, expresó.
Cardama negó esa vinculación y sostuvo que “no hay tampoco elemento alguno para sostener tal cosa”.
En su respuesta al Parlamento, Cardama también se refirió a las gestiones realizadas por el mediador Gonzalo Fernández. Según explicó, Fernández mantuvo una reunión con el presidente Orsi y su asesor letrado, Sergio Pérez, en la que planteó la posibilidad de aceptar una mediación.
De acuerdo con el empresario, Presidencia solicitó que la petición fuera formalizada por escrito, lo que se concretó el 30 de octubre de 2025. En ese marco, señaló que se habían planteado verbalmente tres alternativas para sustituir la garantía cuestionada.
La primera consistía en ampliar la garantía del Banco Americano. La segunda contemplaba un depósito de dinero en el Banco República hasta la finalización del contrato y la tercera proponía un depósito de bonos del Tesoro en el Banco República por el mismo período.
Cardama afirmó que posteriormente Fernández mantuvo una tercera reunión en Torre Ejecutiva, de la que participaron el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y la ministra de Defensa, Sandra Lazo, entre otras autoridades.
Según relató, en ese encuentro se planteó introducir modificaciones al contrato, pero “no hubo pronunciamiento sobre la garantía alternativa ofrecida”. En cambio, indicó que se analizaron distintas posibilidades de modificación contractual.
Ante esos planteos, Cardama sostuvo que se solicitó al Ministerio de Defensa que entregara por escrito cuáles eran las modificaciones contractuales que pretendía introducir.
El empresario afirmó que Lazo y Díaz accedieron a ese pedido, pero señaló que el listado no fue entregado, pese a que Fernández solicitó reiteradamente su presentación al asesor presidencial Sergio Pérez.
Al cierre de su respuesta a los legisladores, Cardama sostuvo que todavía queda por definir qué pretende hacer el Estado uruguayo con el contrato.
“Cuando lo sepa, y si lo que quiere es buscar una solución, seguramente la podemos encontrar juntos”, afirmó. Al mismo tiempo, señaló que mientras tanto “ambas partes nos gastamos una fortuna en abogados”.
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