La empresa Cardama envió una nota al Ministerio de Defensa, en la que responsabiliza al Estado uruguayo por la rescisión del contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas y exige que sea retirado de sus instalaciones lo que llegó a construirse.
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Cardama acusa al Estado uruguayo de malintencionado y exige que se retire lo ya construido del astillero
La empresa española señala que lo ya avanzado ocupa lugar en sus instalaciones, generando gastos inconvenientes que deberán ser indemnizados por el Estado.
“Todo el actuar del Estado es una incongruencia, una improvisación prepotente”: así califica Cardama la actitud del gobierno de Yamandú Orsi en una carta de respuesta a la notificación del Estado Uruguayo sobre la rescisión del contrato.
En el texto enviado al Ministerio de Defensa, al que accedió El País, la empresa rechaza por “totalmente ilegítima” la rescisión. “Lo único que ratifica su comunicación es un modo de proceder abusivo y malintencionado”, asegura.
Respecto a las garantías de fiel cumplimiento que el gobierno uruguayo ha calificado como “inexistente, falsa, trucha y proveniente de una empresa de papel”, Cardama acusa al Estado de “seguir ignorando olímpicamente que Francisco Cardama Sociedad Anónima fue una víctima de lo sucedido y no al contrario”, y añade que el Estado “jamás menciona que Cardama denunció penalmente la situación”.
La empresa considera que en la conferencia de prensa del 22 de octubre del año pasado, el gobierno se preocupó por “enlodar a Cardama”, en lugar de exhibir su interés por “constituir una nueva garantía, a tal punto que el Estado jamás intimó a la contraparte para que se formara otra garantía”, asegura.
Sobre el final de la carta, el astillero intima al gobierno a proceder según lo dispuesto en el contrato y retirar de sus instalaciones lo construido lo antes posible.
Actualmente, lo construido, que se estima en un valor aproximado a los 28 millones de dólares, ocupa buena parte de las instalaciones de Cardama, “generando gastos inconvenientes que se traducirán en más daños que deberán ser indemnizados por el Estado”, advierte la empresa.
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