BPS detectó irregularidades en las certificaciones médicas

El presidente del BPS, Hugo Odizzio, explicó en Telenoche que de 1.199.000 usuarios en el BPS se certificaron 522.618 afiliados activos.

"No todas las certificaciones necesariamente están generando el cobro del subsidio por enfermedad, pero detectamos a partir del estudio de la auditoría que de una forma que se aparta de la ley, periodos de certificación sucesivos que tenían entre uno o dos o hasta tres días en el medio, se pagan de continuo, y eso ha llevado a encontrar diferencias en lo que debió haberse pagado y lo que se pagó, que fue más", explicó Odizzio.

El presidente del BPS sostuvo lo que se desprende con este informe es que existió un "uso abusivo" de las certificaciones médicas y afirmó que seguirán trabajando para detectar situaciones de fraude.

"La voluntad de la institución es facilitarle la vida a los buenos ciudadanos", remarcó Odizzio.

De las 2.039.813 certificaciones realizadas entre 2018-2019, el BPS emitió 52.301, el Banco de Seguros del Estado (BSE) 11.700 y los prestadores de salud 1.975.812. El 17,2% sin una solicitud de subsidio por enfermedad.

El presidente de la institución aseguró que ahora se analizarán todas esas certificaciones médicas para identificar aquellas en el marco de la ley y cuales presentaron irregularidades y se pagaron indebidamente.

"El BPS si aplicó administrativamente criterios erróneos se va a hacer responsable de esos errores y va a tratar de corregirlos a futuro, no hay que preocuparse aquellos ciudadanos que hayan tenido el beneficio hasta ahora no va a ser revisado salvo que haya situaciones de fraude manifiestas", aseguró.

Las irregularidades detectadas son: certificaciones ingresadas de personas que al momento de la certificación estaban fallecidas, certificaciones ingresadas correspondientes a personas menores de 12 años que no tienen actividad, certificaciones retroactivas y certificaciones ingresadas en las que figura que los médicos certificadores son los directores técnicos de los prestadores.

Por último, Odizzio remarcó que debe haber una colaboración con los prestadores de salud privados para controlar estas certificaciones, ya que las mismas se pagan "por todos los uruguayos", dado que el dinero sale de los impuesto de la renta general.