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SUSCRIBITEAuditoría advierte que falta de planos aprobados, fallas constructivas y atrasos ponen en riesgo el proyecto y habilitarían al Estado a rescindir el contrato.
Cardama acusa al Estado uruguayo de malintencionado y exige que se retire lo ya construido del astillero.
cardama.comEl gobierno recibió la auditoría técnica sobre la construcción de dos patrulleras oceánicas encargadas al astillero español Cardama, informe que ya se encuentra en manos del presidente de la República, Yamandú Orsi, y que será analizado para definir eventuales acciones, entre ellas la posibilidad de rescindir el contrato.
El Poder Ejecutivo evalúa el reporte solicitado a la empresa belga Bureau Veritas, elaborado tras una inspección realizada entre el 15 y el 19 de diciembre de 2025 sobre el estado de avance de las embarcaciones. El documento advierte sobre desvíos técnicos, observaciones estructurales y riesgos contractuales.
Según Bureau Veritas, al momento de la inspección se habían construido y montado en grada 16 bloques, lo que representa el 43% del acero del buque, cuando el cronograma establecía un avance cercano al 70%. El informe señala que el astillero inició la producción de bloques con planos que no eran definitivos y que contenían observaciones de la clasificadora Lloyd’s Register.
El auditor sostiene que esta situación “vulnera las buenas prácticas navales y expone al proyecto a futuros trabajos de reparación o refuerzos costosos”. También advierte vacíos vinculados al equipamiento militar, entre ellos la falta de definición de sistemas para aspectos operativos como el suministro de munición al cañón y componentes del helipuerto.
El reporte indica que la calidad de la fabricación, montaje y soldadura de los bloques construidos es satisfactoria, aunque alerta sobre la aparición de deformaciones a babor y estribor en el forro del buque, lo que podría afectar la resistencia del casco.
Al evaluar los plazos de entrega, Bureau Veritas concluye que la falta de planos finales aprobados, las deficiencias constructivas y los atrasos acumulados colocan al proyecto en una situación de riesgo. En ese sentido, el informe advierte que, si se alcanzan las fechas límite sin una regularización técnica y de plazos, el Estado uruguayo estaría habilitado a resolver el contrato de forma anticipada.
El caso también se encuentra vinculado a una denuncia en trámite, mientras el gobierno analiza los elementos surgidos de la auditoría para determinar los pasos a seguir.
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