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SUSCRIBITELos fiscales no desarrollarán tareas en instalaciones que no garanticen condiciones adecuadas de seguridad.
Asociación de Magistrados Fiscales advierte por condiciones de seguridad en algunas sedes
Pablo S. FernándezLa Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay manifestó su preocupación por la situación generada tras la decisión de la Fiscalía General de la Nación de trasladar provisoriamente a los defensores públicos a la sede de Cerrito 449, a pedido de la Suprema Corte de Justicia, debido a que el edificio ubicado en la calle 25 de Mayo no reúne las condiciones mínimas de seguridad para el desempeño de sus funciones.
La gremial cuestionó que esa misma sede continúe siendo utilizada por fiscales y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, pese a las observaciones sobre su seguridad. Asimismo, señaló que la situación es especialmente delicada para la Fiscalía de Homicidios, que había sido trasladada anteriormente desde Cerrito 449 por motivos de seguridad.
En ese contexto, los fiscales de Homicidios comunicaron que, amparados en el artículo 13 del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no desarrollarán tareas en instalaciones que no garanticen condiciones adecuadas de seguridad. Como medida transitoria, se resolvió que las carpetas investigativas permanezcan en la sede de 25 de Mayo y que las entrevistas con personas imputadas se realicen en Oficina Penal Centralizada (OPEC).
La Asociación sostuvo que el problema excede un conflicto funcional y advirtió sobre las posibles consecuencias para la continuidad de los procesos penales, el funcionamiento del sistema de justicia y la seguridad de todos sus operadores. En ese sentido, consideró inadmisible que existan diferentes criterios de protección según el organismo al que pertenezcan los funcionarios.
Finalmente, exhortó a las autoridades competentes a adoptar con urgencia las medidas necesarias para garantizar condiciones de trabajo seguras para todos los operadores judiciales y asegurar la continuidad del servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía.
María Claudia González, presidenta de la Asociación de Magistrados, señaló que la gremial intentó tener un “diálogo fluido” con la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, pero solo obtuvieron una reunión bipartita. “Hasta el día de la fecha no hemos tenido ninguna contestación, y estaba la preocupación muy grande por el tema del traslado de las sedes de Homicidios”.
González dijo “nunca se buscó” una nueva sede para Homicidios, y sí para otras fiscalías, como Delitos Sexuales y Lesa Humanidad.
“Homicidios supone no solo un grado de seguridad como el que deben tener todos los fiscales, sino un poco más, sobre todo en este momento en que el crimen organizado se ha instalado en el Uruguay”, explicó.
Como resultado de las medidas que tomarán los fiscales, habrá un “perjuicio concreto de demora, tanto para el imputado como para la víctima”, señaló.
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