Amnistía Internacional Uruguay critica por situación de derechos humanos en el país, violencia y recursos

El informe critica la ausencia de un enfoque integral de derechos humanos en el presupuesto quinquenal 2025-2029, aprobado a fines de 2025 e identifica "vacíos presupuestales" cruciales en áreas sensibles como niñez y adolescencia, políticas de género, reforma penitenciaria, salud mental, búsqueda de detenidos desaparecidos, poblaciones rurales y protección ambiental.

Amnistía manifiesta su preocupación por las 114 muertes de niños, niñas y adolescentes ocurridas entre 2020 y 2025, atribuidas a "fallas en los mecanismos de protección del Estado". A pesar de las nuevas leyes y medidas adoptadas, la organización insiste en que el Estado "sigue fallando" en proteger a esta población en situación de extrema vulnerabilidad.

En cuanto a la violencia de género, el informe reitera que "Uruguay es un país inseguro y hostil para las niñas, niños, adolescentes y mujeres". Si bien se reconocen avances en la estrategia de lucha contra la violencia y la implementación de la Ley 19.580, Amnistía alerta sobre la "falta de un presupuesto integral" que permita la aplicación efectiva de la normativa para prevenir situaciones extremas.

Además, señala como deudas pendientes la atención a la salud mental y la situación de las cárceles.

En el primero de los puntos subraya que, a ocho años de la Ley 19.529, esta "aún no cuenta con la asignación presupuestal adecuada para garantizar su plena reglamentación". En este contexto, las tasas de suicidio se mantienen altas y el cambio de paradigma hacia la atención comunitaria, que promueve el cierre de instituciones asilares, sigue sin concretarse.

En materia carcelaria, la situación de las personas privadas de libertad sigue siendo "precaria". El organismo reitera el llamado a tomar medidas efectivas contra el hacinamiento, que se incrementa anualmente y obstaculiza los procesos de rehabilitación y reinserción social.

El informe de Amnistía Internacional también refiere a la "impunidad estructural" sobre los crímenes cometidos durante el régimen cívico-militar (1970-1980) que"permanece incambiada," con "magros avances" en el hallazgo de detenidos desaparecidos y en las garantías de memoria, verdad, justicia y reparación.

Finalmente, el informe señala el registro de casos de hostigamiento a periodistas y obstáculos para acceder a información pública, lo que va "en detrimento directamente de la transparencia". Además, expresa preocupación por iniciativas productivas que presentan riesgos significativos para el ambiente, el derecho al agua y la salud, sumado al "deterioro hídrico" y la falta de información transparente sobre la calidad del agua potable.