La Policía allanó este viernes un local de RedPagos ubicado en La Teja en busca de documentos que establezcan la ruta del dinero ilegal de Luis Fernández Albín en Buenos Aires.
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SUSCRIBITELa Policía incautó cajas y carpetas con diversa documentación que vincule al detenido con la ruta del dinero ilegal producto del narcotráfico.
La Policía allanó este viernes un local de RedPagos ubicado en La Teja en busca de documentos que establezcan la ruta del dinero ilegal de Luis Fernández Albín en Buenos Aires.
El allanamiento tuvo lugar minutos después del mediodía en un local de cobranzas ubicado en Concordia y Carlos María Ramírez, en el corazón de La Teja. La Policía allanó un RedPagos en busca de documentación que aporte datos para la investigación contra Luis Fernández Albín, responsable de un clan criminal que lleva su apellido detenido la semana pasada en Buenos Aires.
Fuentes de la dirección nacional de investigaciones informaron a Telenoche que el allanamiento se da en el marco de una causa por lavado de activos y que los investigadores buscan establecer la ruta del dinero ilegal producto del narcotráfico.
El procedimiento fue liderado por el Departamento de Lavado de Activos de la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y se incautaron cajas y carpetas con documentación del local de pagos.
En Buenos Aires la Justicia argentina le tomó declaración a Fernández Albín el pasado sábado, mientras avanza la investigación sobre sus movimientos y posibles colaboradores en ambos países, mientras en paralelo avanzan los trámites para su extradición.
En Uruguay, la Policía realizó una serie de allanamientos y detuvo a tres personas, entre ellas la esposa del detenido. Este operativo se conecta con la investigación de la Operación Nueva Era, que en agosto derivó en la imputación de cinco personas por el hallazgo de dos toneladas de cocaína en un galpón de Punta Espinillo.
A este clan criminal, en la mira de la Policía desde hace varios meses, se la vincula con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, prófugo desde 2021 y requerido por la Justicia de Paraguay y Bolivia.
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