“¿Le interesaría hacer una encuesta sobre redes sociales y tener la posibilidad de salir sorteada por media beca para un curso en la Escuela Interamericana de Ciencias Informáticas?”. Con esa inocente pregunta comienza la orquestada estafa del supuesto instituto (EICI, por su sigla). A pedido de los gerentes, las víctimas de esta encuesta son jóvenes, con ganas de progresar y siempre de barrios humildes. A Pocitos no se entra, aclaran.
No es raro que cuando el incauto joven recibe la llamada unos días después y se entere de que efectivamente se hizo acreedor de una beca, se emocione. Y a la emoción le sigue el convencimiento de sus padres. Un vendedor se acerca de inmediato a la casa del futuro alumno y con edulcoradas promesas cierra el trato: hay que firmar inmediatamente o se pierde la beca, pero no hay de qué preocuparse ya que siempre hay tiempo de arrepentirse. “La idea es decirle todo medio rápido, que no entienda mucho y cuando está intentando de procesar toda la información los teníamos que hacer firmar”, revela Rodrigo, quien hizo el training para ser vendedor de la EICI, pero desistió al entender que era una estafa. Tanto es así, que una cláusula del contrato aclara específicamente que “todo contrato verbal quedará sin valor”, pero claro. No hay casi tiempo de leer cláusulas cuando hay apuro para no perder una beca.
La beca es totalmente falsa, según constató Álvaro Fuentes, director del Área de Defensa al Consumidor, en una inspección. En ese organismo ya fueron multados ocho veces por casi 25.000 dólares, además de ostentar el primer puesto en acumulación de reclamos en cuanto a institutos de enseñanza. La empresa, que pertenece a la sociedad anónima Regiluz, cuyo beneficiario es un argentino llamado Sergio Canteros (a quien Santo y Seña no pudo ubicar a pesar de intentarlo en tres ocasiones) tiene al menos nueve denuncias en la Justicia a las que accedió El País. Sin embargo, la escuela sigue funcionando con este modus operandi a diario.
Aun con esta “beca” que se ganan, a los alumnos se los fuerza a pagar sumas que rondan los $ 40.000, ante la constante amenaza de ir al Clearing en caso de no hacerlo. “Tuve que cambiar de número porque me atomizaban. Me llamaban dos o tres veces por día y eran impresionantes las amenazas”, dice Vania Protti, que se anotó en la EICI pero no llegó a cursar. Esta historia se repite una y otra vez.
Es que no importa si el alumno asiste a clase o no. Y la mayoría de veces no lo hace, ya que son prácticamente una fachada. Consiste en un profesor (normalmente un estudiante recién egresado al que contratan por menos de tres meses) que le da ejercicios básicos a los alumnos, que trabajan solos en sus computadoras. “La profesora sabía menos que yo, no servía para nada”, recuerda una exalumna. Son decenas los que tuvieron que pagar para no ir al Clearing o lograron arreglar un pago inicial de alrededor de $ 7.000 (la matrícula y una cuota) para rescindir el contrato. De ambas formas ganan.
Si bien los profesores tienen cero preparación, a los encuestadores y a los vendedores se les da un buen training para captar a la mayor cantidad de gente posible. “Te dicen que lo importante es que firmen, que hagan el curso o no da lo mismo”, revela Rodrigo. En las entrevistas, por ejemplo, aseguran tener convenios para que sus egresados trabajen en diferentes organismos públicos (cosa que Santo y Seña desmintió). También aseguran estar habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura, cosa que tampoco resultó ser cierta. La empresa es, a todas luces, un engranaje para recaudar dinero que no da ningún curso de calidad o certificación válida.