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Uruguay reclamará información a Argentina sobre dos represas hidroeléctricas que instalará, en conjunto con Brasil, en el Río Uruguay. El vecino país no informó del proyecto a la CARU, de modo que violó el Tratado del Río Uruguay.
Argentina y Brasil tienen proyectado instalar dos represas de grandes dimensiones, la de Garabí, entre la provincia de Corrientes y el estado de Río Grande do Sul, y la de Panambí, sobre la provincia de Misiones, informó El Espectador. Ambas instalaciones podrían llegar a afectar el curso fluvial del río.
El fin del proyecto es generar energía hidroeléctrica para los dos países. Cada obra costaría aproximadamente 2.400 millones de dólares y cada una ocupará una superficie estimada en 33 mil hectáreas.
En estos momentos se desarrollan estudios del impacto ambiental que producirían las obras, pero Argentina no cumplió con la norma de información y notificación a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). De este modo, el organismo binacional no ha podido evaluar ni emitir opinión sobre los proyectos y sus posibles consecuencias, por lo que se constató una violación al Estatuto del Río Uruguay, firmado por Uruguay y Argentina en 1973.
Organizaciones ecologistas de Argentina, Uruguay y Brasil llevan a cabo, desde hace algún tiempo, una campaña de recolección de firmas contra la instalación de las represas. Voceros de las mismas afirman que las instalaciones afectarán el cauce del Río Uruguay, lo que tendrá un impacto negativo para los pobladores cercanos al mismo y para la biodiversidad de la zona.
El acuerdo entre Brasil y Argentina para instalar las represas Garabí y Panambí fue firmado en el 2009 por la presidenta argentina Cristina Fernández y el entonces mandatario brasileño, Luis Inácio "Lula" Da Silva. Aunque, según El Espectador, el proyecto existe desde el año 1971.
El hecho resulta particularmente llamativo, dado que Argentina y Uruguay mantienen un conflicto desde hace varios años por la instalación de la planta de celulosa Botnia (hoy UPM). Por este diferendo, Argentina llevó a Uruguay a la Corte Internacional de La Haya, argumentando que nuestro país no aportó información a la CARU.
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