1 de abril de 2026 - 08:52 La justicia argentina lleva adelante una investigación tras la muerte de Alejandro Zalazar, un médico anestesista de 37 años que trabajaba en la guardia del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez. El profesional fue encontrado sin vida el pasado 20 de febrero en su departamento del barrio porteño de Palermo, luego de que su familia reportara la falta de contacto.
La autopsia determinó que el fallecimiento se produjo por una sobredosis de propofol y fentanilo, sustancias de uso controlado en el ámbito sanitario que fueron halladas en su domicilio junto a diversos insumos médicos. A partir de este hecho, se inició una línea investigativa más amplia para determinar el origen de los fármacos.
De acuerdo a las primeras informaciones, el análisis de trazabilidad permitió establecer que los insumos pertenecían al Hospital Italiano de Buenos Aires, una institución en la que la víctima no trabajaba. Este descubrimiento derivó en la apertura de un sumario interno en dicho centro asistencial y en la identificación de dos profesionales del área de anestesiología como presuntos responsables del desvío de las sustancias.
Fiestas de fármacos
En paralelo a las actuaciones administrativas, la investigación judicial indaga la posible existencia de una red o dinámica de uso indebido de medicamentos entre profesionales de la salud. Según se investiga, a través de testimonios y mensajes en grupos de WhatsApp, se sospecha de la realización de reuniones privadas denominadas informalmente como “Propo fest”.
En estos encuentros, que habrían tenido fines recreativos, presuntamente se utilizaban bombas de infusión para administrar los anestésicos bajo una supuesta supervisión que buscaba evitar cuadros de apnea o depresión respiratoria severa. No se descarta que estas prácticas formaran parte de una oferta de “viajes controlados”, donde se suministraban fármacos para alcanzar estados de relajación extrema fuera del entorno hospitalario.
No obstante, las autoridades han aclarado que, por el momento, estas versiones surgen de comentarios entre colegas y chats que están bajo análisis, por lo que no cuentan aún con validación judicial plena. El estado actual de la investigación se centra en reconstruir la cadena de custodia de las drogas controladas y determinar las responsabilidades penales por el presunto robo y distribución de estos insumos. Las autoridades buscan confirmar si se trataba de un hecho aislado o de una práctica extendida que involucraba a otros profesionales del sector sanitario.