El magnate indio Pramod Agarwal, dueño del grupo propietario de la empresa minera Aratirí, que iba a explotar una mina de extracción de hierro en el país, habló por primera vez sobre el fallido proyecto y denunció que la reputación de Uruguay como un país serio para las inversiones es un “disparate”.
En diálogo con el medio británico Financial Times, Agarwal indicó que le “gustaría que Uruguay se dé cuenta de que han expropiado el activo”. “Lo que hicieron estuvo mal (...) va en contra de todo el derecho internacional”, denunció.
El proyecto de desarrollar una mina de hierro de clase mundial en el país, que con más de tres mil millones de dólares hubiera sido la mayor inversión extranjera de Uruguay, fracasó en 2016 y el magnate perdió su inversión de 365 millones de dólares.
Por esta situación un Tribunal de Apelaciones de París deberá pronunciarse en octubre sobre si la justicia debe escuchar su reclamo de compensación por US$ 3.500 millones.
Según Agarwal, José Mujica había recibido el proyecto con entusiasmo y recordó que viajaba a Montevideo todos los meses. Mujica, agregó, “me recibía, me daba su famoso abrazo de oso y discutía el proyecto (...) se emocionaba bastante”.
No obstante, desde la embajada de Uruguay en Londres aseguraron que las afirmaciones del magnate no condicen con la realidad.
Además, en su entrevista con el medio británico, Agarwal recordó que con el tiempo los obstáculos para concretar el proyecto iban creciendo, por una parte los requisitos del gobierno para el proyecto iban cambiando y consideró que eso se debió a que los asesores de Mujica eran "más izquierdistas que él" y las complicaciones a la hora de elegir la ubicación del puerto requerido para enviar las enormes cantidades de mineral.
“Gastamos una fortuna para hacer un estudio de impacto ambiental y un estudio de factibilidad”, denunció. Luego, afirmó Agarwal, el gobierno decidió que quería un puerto más grande que pudiera manejar otros tipos de carga y le ordenó que lo desarrollara en un lugar diferente, lo que requería nuevos estudios.
En 2013 llegó otra complicación: la ley de minería, que requería que los grandes proyectos pagaran impuestos adicionales. “Si bien esta era una ley neutral a primera vista, el único proyecto en ese momento que calificaba era el proyecto Zamin Valentines”, dijo el abogado de Agarwal, Viren Mascarenhas.
“Esta ley imponía ciertas condiciones onerosas, pero también requería que el gobierno y el solicitante celebraran un contrato de concesión dentro de un tiempo determinado. Lo que hizo el gobierno entonces (...) fue que corrieron el reloj en las negociaciones para que (...) pudieran marcharse”, agregó.
Finalmente, como el gobierno seguía cambiando la ubicación del puerto, provocando la necesidad de hacer nuevos estudios de factibilidad e impacto ambiental e imposibilitando cumplir con los plazos, Agarwal no pudo finalizar las negociaciones y para 2015, Mascarenhas dijo que el mensaje del gobierno era: “Terminamos con el proceso, simplemente no llegaste a la meta, es tu culpa. Así es como efectuaron la expropiación”.
En 2016, Agarwal intentó sin éxito vender sus derechos mineros. “Uruguay entonces hizo imposible que Aratirí nominara un sucesor, completando así su destrucción y toma del proyecto”, subrayó Enrique Molina, otro de los abogados de Agarwal.
“Se hizo la inversión. La inversión no puede simplemente 'puf'. Alguien tiene que asumir la responsabilidad”, señaló el magnate indio.
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