Polémica entre SCJ e Interior por imágenes de delincuentes

Según indicaron fuentes judiciales a Telenoche, el conflicto derivó de definiciones jurídicas y la duda en la aplicación de la Ley de Procedimiento Policial.

Ocurre que la Policía de Canelones solicitó el martes a la jueza de Feria de Las Piedras, Alicia Olivero, la difusión de las imágenes de los presuntos asaltantes y la magistrada, amparada en el artículo 113 del Código del Proceso Penal, negó el pedido por el carácter reservado que requieren las actuaciones que se cumplen en la etapa presumarial y porque al desconocerse si se trataba de adolescentes, podría incurrirse en incumplimiento de disposiciones establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Al día siguiente, Olivero agregó que el pedido "devenía improcedente si entendían estar amparados por la normativa vigente en materia de procedimientos".

No obstante y tras la polémica generada por la difusión de las imágenes y una nota de El País que daba cuenta de que la jueza "negó la difusión de las imágenes ante la eventual violación de los derechos de los acusados", la SCJ aclaró que la Policía no necesitaba de la autorización de la jueza para la difusión de las imágenes por estar contemplada la situación en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Policial Nº 18.315.

Dicho artículo indica que "puede solicitar información al público, a través de los medios de comunicación, referente a personas extraviadas, fugadas o requeridas por la Justicia".

Interior insiste en que en el caso del asalto al BROU, no se trató de personas requeridas sino implicadas en la comisión del delito tras la prueba de su participación en las cámaras de seguridad del local, lo que a ojos de fuentes judiciales consultadas por Telenoche, no aplica. Los asaltantes figuran en cámara, por lo que inmediatamente pasan de la categoría implicado a la de requerido.

Al respecto, el Ministerio sostuvo en un comunicado que "no corresponde emitir otra opinión al respecto sobre los fundamentos que llevaron a la magistrada a tomar esa decisión", pero aclaró que "no es correcta la afirmación de que la policía cuenta con respaldo legal para haber divulgado dichas imágenes sin el concurso de la justicia competente".