3 de febrero de 2016 - 00:00 El juzgado de Crimen Organizado de 1er Turno recibió una nueva denuncia penal que involucra al Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt. En este caso, se trata de una constructora española que dice haber perdido 200.000 euros como consecuencia de —según la denunciante— "una maniobra por la cual se urdió todo un montaje con relación a la construcción de miles de viviendas para obreros sindicalizados por intermedio del Pit-Cnt con el apoyo financiero del Banco Hipotecario.
De esa manera se salió a nivel nacional e internacional a captar empresas de construcción a las cuales se le solicitó dinero por anticipado y una vez que se hicieron del dinero, no se construyó absolutamente nada".
Según informa El País, La denuncia fue presentada contra dos gestores privados que pidieron el dinero, el ex- coordinador del Pit-Cnt y actual director de Trabajo, Juan Castillo, el actual vicepresidente de la central, Marcelo Abdala, y el encargado del Plan de Vivienda, Eduardo Burgos. También se involucra al expresidente del directorio del Banco Hipotecario, Jorge Polgar.
La empresa denunciante responsabiliza a Polgar, Castillo y Abdala por el contrato que el 1° de setiembre de 2012 firmaron el BHU y el Pit-Cnt y que habilita a la institución bancaria a financiarle a los beneficiarios la compra de las viviendas. Se acusa a Polgar de haber firmado un acuerdo con una entidad que no tiene personería jurídica y se afirma que ese documento fue clave para las "maniobras" de los privados.
Denuncias. Esta es la cuarta denuncia que recibe el juzgado de Crimen Organizado respecto al Plan de Vivienda Sindica. La primera denuncia fue la de la empresaria de Rocha Susana Nicodella (que también accionó ante la Justicia Civil y reclama 2.850.000 dólares) y se unificó con otra presentada en junio del 2013 por la empresa Walltech, propiedad del magnate ecuatoriano Isidro Romero Carbo, que también alega haber sido víctima de una presunta maniobra por miles de dólares. Ambas denuncias son investigadas por la jueza Graciela Eustachio. Fuentes judiciales dijeron ayer a El País que las causas siguen su curso, han declarado algunos de los involucrados y aún restan comparecer otros.
También en 2013 se presentó en otro juzgado una tercera denuncia penal por parte de un empresario del interior que reclama cheques entregados a los gestores. Asimismo, también por las viviendas sindicales hubo en 2013 una demanda civil contra uno de los gestores por US$ 6.800.000 y que se saldó mediante un acuerdo extrajudicial.
